El 21 de octubre del año 2015 se vivió un tenso debate en el pleno del Ayuntamiento de Segovia. En él, se tratarían, principalmente, las propuestas de las Ordenanzas Fiscales y los precios públicos. Es decir, tasas e impuestos para el ejercicio de 2016. Y aquí el Gobierno socialista presidido por Clara Luquero venía con una polémica propuesta bajo el brazo: subir la tasa del agua un 31%. Algo que vendría acompañado de la eliminación de las bonificaciones del 50% para las familias numerosas (así como sedes, bares, comercios y consultorios médicos) y tres tramos de consumo para determinar el coste: de 0 a 34 metros cúbicos, de 35 a 84 y de 85 en adelante. Básicamente, que los que más consumían más caro pagarían ese metro cúbico. Una forma de “racionalizar el consumo”, tal y como expresó el portavoz de ese gobierno Alfonso Reguera.

EL ‘TASAZO’
La reacción de los vecinos segovianos no se hizo esperar, especialmente en los barrios incorporados, que también disfrutaban de la bonificación y, por tanto, se verían más afectados: Fuentemilanos, Hontoria, Madrona, Perogordo, Torredondo y Zamarramala. Y es que para ellos las peores previsiones hablaban de un incremento de más del 90% en la tasa por el ciclo integral del agua para el uso doméstico. Las asociaciones de vecinos empezaron a recoger firmas para que el Ayuntamiento echara para atrás la medida. En ese momento pasarían a la historia las palabras de una indignada mujer de Madrona, que calificó esto como un ‘tasazo’, bautizando involuntariamente la subida del precio del agua.
La recogida de firmas pasó a protestas en la calle. El 7 de noviembre 300 personas se manifestaron por el centro de la ciudad, convocados por la Federación de Barrios Incorporados de Segovia y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. En ella se enarbolaron pancartas con mensajes como ‘Más impuestos por menos servicios’, ‘El agua podrida del Pontón no puede valer ese pastón’, o ‘Segovia entera se siente engañada’. También se gritaron consignas del estilo ‘Somos personas, no impuestos’ o ‘Clara Luquero, no nos representas’. Las quejas se sucedieron en las semanas siguientes, pero no hubo marcha atrás. Con la llegada del año 2016, el ‘tasazo’ entraba en vigor.

Durante los años siguientes, lejos de mejorar, la situación empeoró. La llegada del año 2020 y de la nueva década trajeron precios nunca antes vistos en la ciudad de Segovia, con el m³ de agua a 2,35 para un anual medio por familia de 411. Es decir, un 56% más caro que en la segunda capital de provincia con mayor precio, Zamora. La subida de algunos precios provocada por la pandemia, así como la inflación que vino a Europa por la Guerra en Ucrania mantuvo la tasa del agua muy elevada durante esos años.

EL CICLO DEL AGUA
Con todas estas cifras, la pregunta es clara: ¿en qué se usa todo ese dinero? Pues en los gastos relativos a los servicios del ciclo del agua de Segovia, que incluye abastecimiento, saneamiento y reutilización. Una gestión que el Ayuntamiento de la ciudad lleva a cabo a través de un convenio con Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), entidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, a su vez, adjudica esos trabajos a una compañía privada.
En concreto, el contrato se adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) formada por GS Inima Environment S.A. (que ya tuvo la licitación entre 2012 y el 2021) y Ciclagua S.A. Este tándem se impuso a otras ocho ofertas y firmó el contrato en 2021 por un importe de 2.756.721 euros para los dos años de duración mínima y 5.337.089 euros para los cuatro de duración máxima, incluyendo cuatro posibles prórrogas de seis meses. De estos gastos, el Ayuntamiento abona todos los años una cuota a Acuaes que, en 2021, fue de 1.895.822 euros (2.231.332 en 2020), según los informes de gestión de la entidad para ambos ejercicios.
Para hacerse una idea de cómo están repartidos los gastos del agua en Segovia, vamos a ver la liquidación del presupuesto municipal de un año reciente, el 2021. Durante aquel curso, el Gobierno estableció los ingresos por la tasa del agua en cinco millones de euros. Sin embargo, la oposición vio que algo no cuadraba. Y es que el gasto en alcantarillado fue de 2.038.000 euros, mientras que el de abastecimiento de agua para la ciudad se elevó hasta los 1.364.000. Esto sumaba un total de 3.400.000 euros, lo que indicaría un superávit de 1.600.000. ¿A dónde fue entonces todo ese dinero?
La respuesta estaría en el Arroyo de Tejadilla, situado a pocos kilómetros de la ciudad. Allí se empezó a proyectar desde el año 2013 (con actualización en 2021) la construcción de un nuevo colector de agua. Para ello, se incluía una partida presupuestaria anual de 1.650.000, lo que prácticamente coincide con el superávit en los gastos relativos al agua. Esto nunca sentó bien en la oposición, que afirmaba que los segovianos estaban pagando por algo que no tenían (y que, aún a día de hoy, siguen sin tener): “Por eso la tasa se ha elevado de forma artificial y el coste para el Ayuntamiento de los servicios relacionados con el agua son entre un 30 y un 40% menos que los ingresos por esa tasa”, sostenía su portavoz Pablo Pérez.
Desde el PP también señalaban que eso trasgredía el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: “el importe de las tasas por la prestación de un servicio no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida”.
¿Y ahora?
Segovia, y especialmente sus barrios incorporados, lleva viviendo ocho años con las consecuencias del ‘tasazo’. Y las sigue viviendo a pesar de la estabilización de los precios. Algo que puede deberse, en parte, a una maniobra para reducir la carga impositiva que el pasado Gobierno implementó poco antes de acabar su legislatura, reduciendo el tributo por encima del 30% sin que el servicio del agua peligrara. Algo efectivo, pero, de momento, insuficiente.
De momento, el nuevo Gobierno presidido por José Mazarías no ha tomado medidas para reducir el precio del agua y decir adiós definitivamente al ‘tasazo’. Pero un paso que sí se ha dado para aligerar esos gastos es poner fecha límite a la adjudicación de la primera fase del colector de Tejadilla para antes de 2024, así como establecer un coste definitivo para el mismo de seis millones de euros. Casi el doble de lo que se presupuestó de inicio.
A pesar de todo, parece que lo peor del ‘tasazo’ ya ha pasado y, aunque aún hay pasos por dar, la OCU ha arrojado unos datos que dan esperanza para este año… y el que viene. Parece que, por fin, el agua de Segovia dejará de ser la más cara de Castilla y León.
