Escuelas Católicas Castilla y León, la patronal de centros educativos concertados católicos de la Comunidad, vive el inicio del curso 2022/2023 con una sensación doble constatada, por un lado, en la tranquilidad que ofrecen los datos de matrícula y, por otra parte, en la preocupación provocada por la apresurada implantación de la Lomloe, la crisis energética, la inflación y la baja natalidad.
Los colegios Claret, Maristas y Concepcionistas, los tres centros concertados católicos de Segovia, cuentan con 2.994 alumnos y 259 profesionales en sus aulas. Estas cifras se mantienen con respecto al curso anterior, y reflejan que en torno al 12 por ciento de las familias de los 23.406 niños que hay escolarizados en la provincia este otoño, llevan a sus hijos a los centros religiosos.
En declaraciones a este periódico, el secretario autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León, Leandro Roldán Maza, señalaba que los registros muestran que “las familias de Segovia vuelven a confiar en nuestros proyectos educativos”. Sostiene que la educación concertada es “un servicio público” y recuerda que la Administración “tiene que velar porque las familias puedan elegir el colegio que quieran para sus hijos”. En su opinión, el hecho de que haya vacantes en escuelas pública no debe frenar los conciertos. “Tenemos pleno derecho a existir” , defiende Leandro Roldán Maza, a la vez que asegura que si no tuvieran conciertos, los estudios en centros católicos serían privados “y no todas las familias se lo podrían permitir”.
El delegado provincial de Escuelas Católicas en Segovia, Juan José Raya, explicaba recientemente en un acto celebrado en el Colegio Claret que apuestan por “una formación en valores, por la atención personalizada, por ofrecer estabilidad y calidad en el profesorado y por crear un buen clima social, aspectos que ayudan a desarrollar las capacidades de cada alumno y que las familias saben reconocer en nuestros centros”.
Pero las cuestiones económicas están ahora mismo sobre la mesa de las familias, los docentes y los directivos de los centros. Y es que la factura de la luz preocupa a todos.
La patronal de centros educativos concertados católicos de la Comunidad pide más fondos para hacer frente al importante incremento de los gastos por la inflación y la crisis energética.
Roldán Maza ha advertido de que los centros concertados tendrán que lidiar con los efectos de la subida del precio de la energía y de una inflación por encima del 10% que repercutirá en la situación económica de los colegios y también de las familias, con un aumento de costes de los diferentes servicios escolares (comedor, transporte, material escolar, actividades complementarias o extraescolares), cuando el módulo de conciertos educativos solo ha subido un 2%.
“Se hace más necesario que nunca el aumento de la partida de Otros Gastos (que se destina al pago del personal no docente, al equipamiento necesario para la labor educativa y al mantenimiento del centro: luz, calefacción, reparaciones ordinarias…), una partida que sigue siendo insuficiente en Castilla y León ya que los costes reales del funcionamiento de un centro educativo son ahora mucho más deficitarios”, destaca el secretario de la patronal que tiene en Castilla y León 173 centros, 99.155 alumnos y 9.529 profesionales, con una representatividad del 29% del alumnado en la educación de la comunidad.
En opinión de este colectivo de la enseñanza, el curso 2022-2023 estará marcado por el fin de las restricciones sanitarias, pero también por la alta inflación o el descenso de la natalidad en Castilla y León y la apresurada implantación de la nueva ley de educación, “con una urgencia innecesaria que perjudicará a la calidad de enseñanza”. Según exponen los portavoces regional y provincial este retraso ha provocado trabajo extra, ha generado inquietud por el gran cambio del enfoque educativo, también retrasos en el desarrollo curricular en Castilla y León, no publicados hasta hace pocos días y con la consiguiente falta de tiempo para realizar programaciones adaptadas o disponer de materiales actualizados, o incluso dudas en cuanto a la promoción, titulación o la nueva selectividad.
“Desde el principio — relata a esta redacción Roldán Maza—, Escuelas Católicas al igual que la Junta de Castilla y León solicitó al Gobierno central que se pospusiera la puesta en marcha de la ley ya que considerábamos que los plazos que se había marcado no eran suficientes para que pudiera arrancar el curso con normalidad en su implantación”. “Ahora, —añade—trabajamos con el compromiso de la Consejería que ha ampliado las fechas para que se puedan desarrollar las programaciones del curso y desde Escuelas Católicas intentamos dar formación a los profesores y equipos directivos tanto en el desarrollo de la ley como en temas jurídicos”.
Una de las preocupaciones es que con esta nueva ley se rebajen los criterios de promoción y así no se cultiva la cultura del esfuerzo y se generan agravios con otros compañeros. “Unos pasan de curso después de esforzarse por mejorar sus notas y otros con asignaturas pendientes”, comenta el portavoz de la federación regional de enseñanza concertada.
A este respecto, Escuelas Católicas apuesta por un pacto educativo global porque si no esta ley está abocada a un nuevo cambio. “La comunidad educativa no debería estar expuesta a los vaivenes normativos políticos”, ha subrayado Roldán.
La previsión sobre el número de alumnos total en las aulas de Escuelas Católicas es de un 0,5% más que el curso anterior. Un aumento causado por la puesta en marcha de la gratuidad para los escolares de 2-3 años. “Supone una gran apuesta y un esfuerzo económico por parte de la Junta de Castilla y León, que agradecemos, ya que beneficia a todas las familias de Castilla y León. Es un avance que influirá positivamente en la conciliación familiar y en la ampliación de la libertad de elección de centros puesto que las familias que eligen colegios de Escuelas Católicas podrán también beneficiarse de esta gratuidad, evitando agravios comparativos”, manifiesta el secretario autonómico. “Solicitamos que pueda extenderse a todo el primer ciclo de Infantil, tal y como ya ha anunciado el presidente de la Junta, y convertirse en un futuro en una concertación plena que ayude a todas las familias de la comunidad, para que cualquiera pueda acudir al centro que desee”, remarca Leandro Roldán.
Un total de 72 centros de Escuelas Católicas, uno de Segovia, ofrecen este nivel educativo adhiriéndose al programa de subvenciones ofrecido por la Junta de Castilla y León. Representan al 11% de todos los centros (653) que ofrecen este curso de forma gratuita, y tendrán 1.441 alumnos en sus aulas (14% del total), repartidos en 95 unidades. En Segovia habrá 2 unidades con 40 alumnos (6% del total).
La subvención actual asciende a 41.000 euros por unidad y curso para los grupos de niños de 2 a 3 años. Es una cifra equiparable a la que corresponde por los conciertos del segundo ciclo de Educación Infantil, para niños de 3 a 6 años.
En cuanto a la Formación Profesional, Escuelas Católicas Castilla y León tendrá este curso un ligero incremento de unidades. Sin embargo, en esta apuesta de las administraciones por la FP “nos gustaría tener más peso específico y mantener una oferta creciente de FP concertada, incluyendo la FP Dual”, ha indicado Roldán.
Por otra parte, Escuelas Católicas Castilla y León quiere “tener más peso específico y mantener una oferta creciente de estudios de Formación Profesional concertada, incluyendo FP Dual”, comentó Leandro Roldán. “Son muchos los títulos autorizados,—remarca— muchos de ellos a nivel privado, que tienen demanda y que no están implantados en la red pública”.
