El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, presentó ayer unas cuentas para la Comunidad en 2012 con una reducción de fondos que sitúan sus créditos, 9.720 millones, lo que supone un 3,24 por ciento menos que el año pasado, 325 millones, y lo sitúa en niveles de 2007. En un contexto de recesión y tras cinco años de severa crisis, Herrera defendió que se trata de un presupuesto «posible y realista», con caídas en todas las partidas, aunque en menor medida en las políticas sociales y con más sacrificio en las inversiones. Sostuvo que las grandes cifras aprobadas ayer por el Consejo de Gobierno tienen una clara voluntad de «transición» y de que los ajustes y las medidas de ahorro, eficiencia y nuevos impuestos sean suficientes para que «más pronto que tarde» se sienten las bases de la recuperación económica y se pueda dar una «solución al drama del desempleo».
Las cuentas, con efecto retroactivo a 1 de enero aunque las Cortes lo aprueben a finales de julio, se reducen un 3,24 por ciento respecto a 2011, con un techo de gasto de 9.108,3 millones de euros, procedentes de 8.312,8 millones de los ingresos no financieros, y 856,3 millones del objetivo de déficit del 1,5 por ciento del PIB, a lo que es preciso restar 60 millones de ajustes de contabilidad nacional. Un presupuesto del que Herrera repitió insistentemente su apuesta por las políticas sociales, ya que Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades absorben casi el 80 por ciento de los 7.821,17 millones del gasto no financiero previsto para el conjunto de las consejerías. «Tras la frialdad de las cifras hay ideas, política y sentimiento», enfatizó en el inicio de su discurso.
Prórroga
Herrera justificó los ocho meses de retraso, ya que la Junta cuenta ahora con todos los datos de ingresos y la aprobación de la Ley de Medidas -donde están los nuevos impuestos-, el plan de racionalización del gasto, el techo de gasto, el plan de ajuste y el plan económico y financiero 2012-2014. El presidente incidió en el enorme esfuerzo de austeridad «selectiva» que deberán acometer para poder hacer frente al gasto «poco flexible» en servicios sociales que han asumido en los últimos años, con créditos en niveles de 2007, y en un contexto marcado por una «estricta vigilancia» del cumplimiento del déficit público.
Juan Vicente Herrera arremetió de nuevo contra un modelo de financiación que no alcanza a cubrir por 700 millones los servicios básicos que presta la Comunidad, y defendió en un contexto de rebaja del 50 por ciento de los ingresos tributarios de la Junta durante los años de crisis, el uso de la capacidad normativa, para la creación de nuevos impuestos ambientales, y el céntimo sanitario, así como la recuperación del gravamen al patrimonio de los que más tienen, que permitirán una recaudación de 204 millones. En este contexto, reconoció el «esfuerzo» y el «sacrificio» de los ciudadanos.
En un escenario de recesión económica, que todavía se mantendrá este año, con el desplome de los ingresos y el aumento del desempleo, Herrera defendió que la Junta no presentara las cuentas en su momento –octubre de 2011- frente a lo que hicieron otras autonomías que ahora deben corregirlos. Aunque calificó de «duro e ingrato» reducir el gasto público que se dirige a personas y empresas, mantuvo que los ajustes aplicados demuestran el «compromiso de Castilla y León con los servicios públicos fundamentales». «Se ha elegido entre lo malo y lo peor», resumió.
Apuestas
El jefe del Ejecutivo autonómico incidió una y otra vez en su apuesta por los servicios sociales sacrificando por ello otras áreas de la Administración regional. Así, el recorte, como ya ocurrió el pasado año, es más acusado en el capítulo de operaciones de capital, que asciende a 1.247 millones, un 34,48 por ciento menos que en 2011; de los que 450 millones corresponden a inversiones (-46,60%) y 797 a subvenciones (-24,85%).
Junto a su apuesta social y en esta «pésima evolución de los ingresos», en un contexto de recesión y bajo la vigilancia del déficit, la Junta también apuesta, dijo el presidente, por la recuperación económica y mantiene el 3 por ciento en I+D+i (297 millones) y aumenta un 35 por ciento los préstamos reembolsables a las empresas.
Reparto no lineal. De esta manera, la Consejería de Economía y Empleo es la única que aumenta su partida en un 3,49 por ciento, mientras que Presidencia, con un 26,82 por ciento menos, es la que más sufre el recorte. También el presupuesto de las Cortes se recorta en un 12,50 por ciento, igual que el Consejo Consultivo. La deuda pública aumenta un 56,98 por ciento hasta los 610 millones.
Con este esquema de gasto, Herrera recalcó que el presupuesto es social, que es «lo que quieren los ciudadanos» y concluyó que se mantiene la equidad y calidad de los servicios públicos. Los «sacrificios» que se imponen no son «lineales», se asientan en una «austeridad selectiva, cuidadosa con los servicios públicos» para evitar el riesgo de exclusión social y «rigurosa» en las áreas no sociales.
A ello unió que, aunque se ha impuesto la jornada de 37,5 horas semanales, los empleados públicos mantendrán sus retribuciones congeladas, si bien no habrá nueva oferta de empleo público, no se cubrirán jubilaciones y habrá un control del absentismo.
