A diferencia de los asuntos económicos, que eran los que justificaron la convocatoria de la IV Conferencia de Presidentes autonómicos, en los que la batalla política entre el Gobierno y las regiones del PP fue encarnizada, las cuestiones menores -o mejor dicho, las menos polémicas- del orden del día se resolvieron con un consenso total. Así, los líderes territoriales sellaron sendos compromisos contra la violencia machista y sobre la Presidencia española de la UE, que comienza el próximo 1 de enero.
Por lo que respecta a la declaración sobre los abusos a mujeres, se dio el visto bueno por unanimidad a la Declaración institucional propuesta por el Ejecutivo, que compromete a las administraciones públicas a intensificar la colaboración y destinar «los recursos necesarios» a combatir esa lacra social. El texto define la violencia machista como «uno de los ataques más flagrantes a los derechos fundamentales de las mujeres», que «amenaza sus derechos y sus vidas en todo el mundo» y que, lejos de ser un «problema individual», es una cuestión «social y política, cuya solución solo es posible uniendo los esfuerzos de todas las administraciones, las organizaciones sociales y la ciudadanía».
En tal sentido, se reconoce el «compromiso claro» de los Gobiernos autonómicos, y se defiende la «posición común e inquebrantable» de todos los poderes públicos en torno a la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género. No obstante, se apunta que, pese a «todo el terreno conquistado, el problema no ha desaparecido». De ahí que el texto comprometa a las administraciones a «seguir impulsando todas las medidas» encaminadas a erradicar la violencia machista y proteger «de manera específica» a sus víctimas más vulnerables: las extranjeras, los menores de edad, las mujeres rurales, las discapacitadas y las que se están en situación de exclusión.
En cuanto al liderazgo continental del próximo semestre, las Comunidades Autónomas y el Gobierno acordaron otro texto conjunto en el que el Ejecutivo manifiesta su intención de promover la participación de representantes de las regiones en los Consejos de Ministros informales a celebrar en España entre enero y junio.
El documento también ratifica el compromiso de la Conferencia de Presidentes y de todas las administraciones en la participación y colaboración «activas» con la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
En esta línea, el Gobierno pretende que los líderes territoriales respalden las prioridades definidas por Moncloa durante la jefatura del Viejo Continente, es decir, la salida de la crisis mediante la recuperación económica y la creación de empleo de calidad a través de una estrategia de crecimiento «basada en la profundización de la educación y de la innovación, así como en la lucha contra el cambio climático».
Otras prioridades abogan por el desarrollo y aplicación del Tratado de Lisboa; la expansión de los derechos de los ciudadanos europeos, en particular «la igualdad entre el hombre y la mujer»; y por una política exterior común europea fundada «en la paz, la no proliferación nuclear, la seguridad frente al crimen organizado, la consecución de los Objetivos del Milenio y el progreso en los derechos humanos como conquista irrenunciable e irreversible de las civilizaciones».
