El Gobierno ha puesto en marcha los trámites para impugnar hoy ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat de Cataluña firmada por el presidente del Parlamet, Roger Torrent. A su entender, el expresidente catalán tiene limitada su “libertad deambultaroria”, ya que hay una orden de detención dictada contra él si viene a España.
Con este objetivo, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha pedido informe al Consejo de Estado, como es preceptivo, para poder presentar el recurso este mismo viernes si ese informe es favorable. La Comisión del Consejo de Estado, reunida por la tarde, dio respuesta a las cuestiones planteadas por el Gobierno de acuerdo con lo que dicta la Constitución y la jurisprudencia y no emitió criterio sobre si de debe o no acudir al TC, decisión que corresponderá al Ejecutivo.
En una comparecencia en el Palacio de la Mocloa para informar de los pasos del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría precisó que solicitan ese informe al Consejo de Estado para impugnar la resolución del presidente del Parlament del 22 de enero en la que se propone a Puigdemont como candidato y que se publicó al día siguiente en el Boletín de la Generalitat. La admisión a trámite de ese recurso conllevaría la suspensión de esa decisión, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución.
Sáenz de Santamaría, que informó a PSC y el PP de esta actuación —porque son los que se “han acercado y dirigido” al Ejecutivo para informarse estos días—, explicó que el fundamento de ese escrito es que el estatus jurídico actual de Puigdemont es “incompatible con su comparecencia personal en la Cámara”, ya que, pesa sobre el una orden de detención que debe hacerse efectiva si entra en territorio español.
“Carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial”, ahondó. Además, añadió que este argumento se pone de manifiesto ante la “circunstancia insólita” de que Torrent tuviera que desplazarse este jueves a Bruselas para “evacuar consultas” con Puigdemont.
Instrumentos legales
Sáenz de Santamaría explicó que lo que están preguntando al órgano consultivo del Gobierno es si es posible una impugnación en caso de que se admita una investidura no presencial, “bien vía telemática o vía delegación”, o en caso de que se admitiera la delegación de voto de los huidos de la Justicia”.
“Lo que hace el Gobierno a día de hoy es utilizar los instrumentos que la ley pone a su disposición para que la ley se cumpla y para garantizar que todos los diputados en la Cámara ven respetados sus derechos. Y para garantizar que llevemos a cabo los procedimientos de investidura del presidente de la Generalitat con el respeto que merecen los ciudadanos de Cataluña”, indicó la vicepresidenta.
Preguntada por qué el cambio de criterio en el Gobierno, que había sostenido que no recurriría esa propuesta de candidatura firmada por Torrent, Sáenz de Santamaría insistió en que la situación no es que vaya a venir a España Puigdemont, sino que resolución del presidente del Parlament propone a una persona que “no tiene la plenitud de sus derechos”.
