El Gobierno del PSOE y Unidos Podemos incluyeron en su acuerdo presupuestario el compromiso de suavizar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, conocida como ‘ley mordaza’ por sus detractores, y de despenalizar las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos. En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya reforma ya se está tramitando en el Congreso, PSOE y Podemos se comprometen a trabajar sobre la base del texto de modificación que presentó el PNV y descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Socialista.
Por un lado, revertirán los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo “desalentar la protesta social” y “limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión”. En ese sentido, se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica.
Respecto a la actuación policial, subrayaron que deberá tener como guía “la dignidad de la persona y los derechos humanos”, que los agentes deberán llevar siempre una la identificación una identificación “claramente visible”, que el registro corporal sólo se aplicarán en casos de “indicios concretos y comprobables” y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.
Sanciones
El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar “en profundidad” los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e “introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley que lo permitan”.
Pero, asimismo, se apuesta por revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran “hiperregulacion” de algunas conductas, y concretamente citan el artículo 315 del Código Penal que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.
Según se dice en el acuerdo, recogido por los medios, “es recomendable restringir al máximo” la posibilidad de que manifestaciones ofensivas puedan ser perseguibles penalmente y por ello se “apuesta por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona”.
“La democracia española es una democracia madura, que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del Derecho internacional” —sostuvieron—.
