Han sido casi 31 años los que ha vivido Egipto bajo la Ley de Emergencia. Hasta ayer, cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas anunció la retirada de una normativa que entró en vigor en octubre de 1981, cuando el entonces presidente del país, Anuar el Sadat, fue asesinado.
A pesar de la derogación, la Junta Militar, que dirige el mariscal Mohamed Husein Tantawi, dejó claro que seguirá haciéndose cargo de la seguridad en todo el país hasta que se haya completado el traspaso de poderes a las autoridades civiles el 30 de junio próximo, tras la designación del nuevo jefe del Gobierno, que se decidirá días antes en la segunda vuelta de las elecciones, que enfrenta al exprimer ministro Ahmed Shafiq, último primer ministro del régimen de Hosni Mubarak, y al candidato de Hermanos Musulmanes, Mohamed Mursi.
La normativa permitía la suspensión de las libertades de prensa y asociación, así como ampliar los poderes de los órganos de seguridad y anular los derechos civiles y políticos siempre y cuando se produjera, según el Gobierno, una amenaza terrorista.
La abolición de la Ley de Emergencia era una de las principales reclamaciones de las decenas de miles de manifestantes que llenaron las calles de Egipto desde comienzos de 2011 hasta conseguir que el propio Mubarak renunciara a su cargo.
El pasado mes de septiembre, la autoridad castrense modificó varios artículos de la norma y, tras los enfrentamientos registrado en el exterior de la Embajada de Israel en El Cairo, para añadirle nuevos puntos.
En enero de este año, el jefe del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas anunció que la Ley de Emergencia solo se aplicaría a aquellas personas sospechosas de crímenes relacionados con drogas y vandalismo.
