Así lo ha manifestado hoy González Mota en declaraciones a los periodistas, quien además es fiscal coordinador de terrorismo de este tribunal, que ha insistido en que la posición del Ministerio Público es «la legal conforme a las leyes españolas y en ningún caso es transmitir ante las autoridades judiciales españolas los intereses americanos». Además ha recordado que pidió la detención de la tripulación de un vuelo de la CIA que hizo escala en Palma de Mallorca en 2004.
Ha negado así la información publicada hoy por el diario «El País», que recoge diversos documentos secretos y reservados filtrados por Wikileaks según los cuales, en enero de 2007, el propio González Mota aseguró a la embajada que no se opondría a la petición del juez Ismael Moreno de desclasificar documentos del CNI sobre los vuelos porque estaba convencido de que en ellos no habría nada «incriminatorio».
El fiscal ha insistido en que él remitió un escrito a Moreno fechado el 29 de diciembre de 2006 en el que apoyaba la desclasificación de dichos papeles, por lo tanto antes del informe recogido por el diario, que está fechado el 1 de febrero de 2007 y que asegura que los documentos llegaron a la Audiencia Nacional semanas después llenos de tachaduras.
«No compromete en absoluto a la independencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que con posterioridad a presentar un dictamen ante el juez se informe a la opinión pública o se informe a las asociaciones o partes que están interesadas», ha recalcado antes de reiterar que «no supone ni rendir cuentas ni representar ante los tribunales los intereses americanos».
Preguntado por si ha recibido órdenes del fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para cerrar casos en los que están implicados políticos o militares estadounidenses, González Mota ha señalado que «al revés», pues contó con su autorización para pedir, el pasado mes de mayo, la detención de la tripulación de uno de los vuelos de la CIA con terroristas detenidos que hizo escala en Palma de Mallorca en enero de 2004.
En los documentos secretos y reservados filtrados por Wikileaks se desprende también que el embajador entre los años 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, había dirigido numerosas presiones sobre el Gobierno español y las autoridades judiciales, pero que también había contado con el apoyo de contactos como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y Zaragoza.
«A mí no me han visitado para cerrar nada ni hemos seguido ninguna instrucción de la embajada», ha concluido
