La Consejería de Educación ha propuesto a los representantes de las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial (CSIF, Stecyl-i, Anpe, UGT y CCOO), la Oferta de Empleo Pública de 2025, que prevé 320 plazas al Cuerpo de Maestros; 818, al de Secundaria y otros cuerpos; y 1.000 para el de Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Las plazas deben convocarse en un plazo máximo de tres años, que se generan tras las jubilaciones y bajas en el sistema.
La Junta asegura que la cifra de 2.138 plazas es la máxima permitida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
La convocatoria para acceder al cuerpo de Catedráticos está dirigida al profesorado de Secundaria que aspire a alcanzar el máximo nivel profesional dentro de la carrera docente. Para poder acceder a una de estas plazas es necesario acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera y tener destino en la Comunidad. En Castilla y León, la última oportunidad que tuvieron de acceder a la condición de catedráticos fue en 2019, con 200 plazas de 23 especialidades a las que presentaron casi 2.000 docentes.
CSIF ha aplaudido la convocatoria de un número “importante” de cátedras para la promoción del Cuerpo de Secundaria, hasta el punto de varorarla de “histórica” y “muy positiva”. El sindicato recuerda que lleva años con la reivindicación de planificar las oposiciones al Cuerpo de Catedráticos para llegar, por lo menos, al 30 por ciento que han establecido las sucesivas leyes educativas. En paralelo, reclama que el proceso sea trasparente, con una baremación justa en la que todos los docentes puedan participar en igualdad de condiciones.
Las cinco organizaciones sindicales han exigido información “inmediata” del número de plazas y las especialidades para las oposiciones de 2026. En este sentido, reclaman coordinación de todas las comunidades autónomas en las próximas convocatorias de oposiciones docentes; la planificación e información plurianual de las próximas oposiciones para una “adecuada” preparación de los opositores y la mejora de la compensación a los tribunales y evitar la repetición en la composición de los mismos.
Por otro lado, insisten en la necesidad de cumplir con la reducción de la temporalidad por debajo del ocho por ciento, de acuerdo con la Ley de reducción de temporalidad, y alcanzar el cinco por ciento establecido en el acuerdo de 2006, aún vigente.
