Una reciente encuesta revela que tres de cada cuatro españoles consideran que a pesar de las muchas complicaciones que ha pasado en este primer septenio de reinado, Felipe VI ha conseguido desempeñar de manera adecuada las funciones que le corresponden como jefe de Estado, cumpliendo fielmente lo así regulado por la Constitución española. No es baladí esta calificación, y más si se compara con la puntuación que, desgraciadamente, recibe de manera habitual el conjunto de la clase política del país. Ocho de cada diez españoles consultados por Metroscopia afirman, asimismo, que Felipe de Borbón como persona les genera confianza.
Somos de la opinión de que en un país democrático la estabilidad de sus instituciones –de todas las instituciones- es ya de por sí un factor de éxito. No es España un país tradicionalmente amante ni tendente a la estabilidad. Y, sin embargo, ningún concepto es más necesario para el progreso de un pueblo si este se cimenta –como es nuestro caso- en los principios propios de un Estado social, democrático y de derecho. Las instituciones, al ser la base de organización de la convivencia, no deben ser juzgadas sino por su utilidad ciudadana. Conceptos como el de obsolescencia de una determinada forma de Estado resulta a la postre tan ridículos como el enjuiciar de manera negativa cualquier norma o costumbre por el simple hecho de su carga histórica. Precisamente, la etapa más próspera, más libre y socialmente más justa de nuestra historia ha coincidido con la vigencia de nuestra Constitución. Y nuestra Carta Magna, y el orden que consagra, tiene a la Corona como la clave de la bóveda de un sistema que figura entre los mejores del mundo libre.
El Rey Felipe ha tenido que enfrentarse a circunstancias que posiblemente habrían desbordado emocionalmente a cualquier persona
El Rey Felipe ha tenido que enfrentarse a circunstancias que posiblemente habrían desbordado emocionalmente a cualquier persona. El primero le vino de su propia familia, encarnado por los escándalos protagonizados por su padre, aunque los realizara fuera de su condición de jefe de Estado, en cuyo ejercicio registró, hay que reconocerlo sin fisuras, pocas máculas.
El siguiente fue el intento de ruptura del orden constitucional por parte de los sediciosos catalanes. Ese día, 3 de octubre del 2017, el Rey estuvo a la altura de sus atribuciones constitucionales e hizo lo que debe hacer cualquiera que ostente una responsabilidad, la que sea: ejercerla. Probablemente contribuyó a parar el golpe independentista con mayor efectividad que la propia actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Por desgracia, no todos se comportaron con la misma pulcritud y corrección, entre ellos los que ejercían la máxima representación del gobierno de la Nación.
El 19 de julio del 2014, Felipe VI prometió en su discurso de proclamación en las Cortes Generales encarnar “una monarquía renovada para un tiempo nuevo”, “íntegra, honesta y transparente”, y ganarse “día a día”, el “aprecio, respeto y confianza” de los ciudadanos. No imaginaba entonces las dificultades con las que se iba a encontrar en el camino, pero ¿alguien duda de que ha cumplido fielmente con lo que fue su compromiso ante los representantes de la soberanía nacional?
