En un ensayo publicado ayer por este periódico, Pedro Zavala, director de la Fundación Transición Española, desmonta jurídica e históricamente la pretensión de la jueza argentina María Servini de procesar al ex ministro Rodolfo Martín Villa. Tiene razón Zavala al apuntar que lo que se pretende es tergiversar el verdadero sentido y la significativa trascendencia que tuvo la Transición en España y su pervivencia hoy. Aquellos imbuidos por un halo deífico parece que lo que le achacan al modélico proceso es que ellos no estaban para conducirlo, en una suerte obsesiva de protagonismo político y moral que más tiene que ver con la psiquiatría que con la sociología.
La iniciativa de la inefable Servini no tiene un pase jurídico: el principio de la territorialidad de las leyes penales posee unas excepciones muy precisas, ninguna de las cuales se dan en este caso, y, desde luego, menos el que nos encontremos en la concurrencia de un delito de lesa humanidad o de genocidio. La charlotada de la jueza argentina puede explicarse de muchas maneras. No tanto –o quizá sí- su desconocimiento de que Martín Villa nunca fue ministro de Franco sino de la Corona. Pero lo preocupante no es que una excéntrica jueza reclame su parcela de protagonismo político, sino que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, permita estas comisiones rogatorias, al anular una instrucción en sentido contrario de su predecesora, Consuelo Madrigal. El disparate jurídico tiene una conclusión todavía peor: si Martin Villa es un presunto delincuente es que ha existido antes un presunto delito, y que por no se sabe qué extraña circunstancias no le han afectado las leyes de amnistía, ni el principio de prescripción, y que los ineptos jueces y fiscales españoles de los últimos años no han caído en la circunstancia de que andaba suelto un peligroso sujeto sospechoso de graves crímenes.
La memoria histórica se está convirtiendo para algunos en un concepto omnicomprensivo en el que todo vale, y le están haciendo flaco favor. El periódico de hoy recoge la recuperación de unos cadáveres tristemente permanecidos en el olvido de una fosa común durante 84 años en El Espinar. Es justicia histórica y emocional. Lo que, por cierto, no justifica el maniqueísmo ni el simplista juego entre buenos y malos: desgraciadamente entre los años 1936 y 1939 se cometieron barbaridades en uno y en otro bando que no es necesario testimoniar por su evidencia histórica hoy día. Otra cosa bien distinta es lo sucedido en los tiempos más sombríos de la dictadura. Distorsionar los argumentos, como en el caso de Martín Villa, solo sirve para que los actos y los periodos no sean analizados y ponderados con sano criterio y juiciosa atribución de responsabilidades. Que un vicepresidente del Gobierno se sume al carro del dislate no emborrona una historia como la que se desarrolló durante la Transición, pero sí evidencia sus deseos de ajustar cuentas con un presente y con el sistema político y democrático que la Constitución garantiza.
