La Comisión de Investigación que investiga la presunta adjudicación de parques eólicos en Castilla y León, esperará a obtener la documentación solicitada para que citar a comparecer a quien se considere necesario, algo que ve “lógico” el Partido Popular, que hizo valer su voto ponderado para tomar esta decisión. Así, la Comisión esperará a la llegada del informe de la Agencia Tributaria, “piedra angular” de esta cuestión. De esta forma lo explicó el portavoz del Grupo Popular en la misma, Raúl de la Hoz, quien aclaró que además se decidió solicitar los expedientes administrativos tramitados en base al decreto 189/1997 de la Junta de Castilla y León sobre parques eólicos.
De la Hoz explicó que todos los grupos apoyaron solicitar esta documentación de la Junta, excepto el PSOE, que argumentó que sólo le interesan algunos expedientes y exclusivamente la parte administrativa de 2003 en adelante. El ‘popular’ explicó que se trata de “acotar” el objeto de la investigación, para después plantear la solicitud de comparecencias y si es necesario pedir más documentación. Así, la información que se solicitó supone más de 1.000 expedientes. En este sentido, De la Hoz, explicó que algunos de ellos tienen más de un millar de páginas, lo que a su juicio justifica que “no se haga trabajar de forma insensata a la Junta” y estos no se remitan a las Cortes hasta que no llegue el informe de la Agencia Tributaria y se solicite copia de los que tengan relación con la presunta trama, todo ello “con el Reglamento en la mano”.
De la Hoz, quien solicitó ser respetuosos con los tiempos, pidió no “precipitarse” ni “correr” para intentar sacar ventaja política. Asimismo, aclaró que se trata de que algunos no intenten convertir esto en un “circo” y además incidió en que se trata de un modelo de trabajo “exactamente igual” al llevado a cabo en Andalucía en la comisión sobre los cursos de formación, de manera que le llama la atención que allí sí sea válido y aquí no.
A este respecto, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Investigación, considera que no tiene sentido llamar a un jefe de servicio para preguntarle en una comisión sin saber en qué expedientes ha intervenido, por ejemplo. Por ello, llamó al “rigor”, que en el ámbito judicial supone obtener la documentación, su análisis, llamar a las personas que tienen relación con los hechos y saber qué preguntar y, si es necesario, también pedir más documentación. “Algunos piensan que esto es un circo”, insistió.
