Junta de Castilla y León, grupos políticos (PP, PSOE y Mixto), agentes sociales (UGT y Cecale) y Federación Regional de Municipios y Provincias acordaron ayer un plazo de dos meses para cerrar un acuerdo de mínimos sobre el modelo territorial para Castilla y León, que se presenta por todas las partes como uno de los retos de esta legislatura.
La negociación sobre el modelo territorial, que para los partidos de la oposición lleva un retraso de 24 años, arrancó en un «ambiente positivo, sin ningún comentario critico» y con la disposición de trabajar en la prioridad de ordenar el territorio de la Comunidad para prestar los mejores servicios y dinamizar la economía de los pueblos, según explicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la primera reunión de la Mesa Territorial. «Todos han sido generosos para ir a un acuerdo de mínimos», añadió.
De Santiago-Juárez desgranó la propuesta de la Junta sobre el modelo de ordenación territorial, que se asienta en la asociación voluntaria de los municipios en distritos de interés comunitario como la unidad básica de este sistema, lo que llevará, en caso de que se acuerde su puesta en marcha, a la reordenación de las mancomunidades -ahora hay 239- y de las funciones de las diputaciones provinciales. «He visto disposición de todos a trabajar con rigor y seriedad», aseguró el consejero, que tiene el encargo del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de cerrar un pacto político y social sobre la ordenación del territorio de Castilla y León para su plasmación posterior en un proyecto de ley de Gobernanza, Ordenación y Servicios en el Territorio.
Ante el inicio de la negociación, De Santiago-Juárez declinó avanzar cuáles serían ‘las líneas rojas’ o el acuerdo de mínimos para la Junta de Castilla y León y subrayó que han presentado un documento abierto para que las partes realicen sus aportaciones. Por ello, también rechazó hablar de un ‘Plan b’ en caso de que no se produjera un pacto inicial y expresó su convencimiento de que habrá acuerdo.
Tanto el consejero como los representantes de los partidos y de la Federación Regional de Municipios y Provincias coincidieron en la función de pedagogía que deberán hacer desde la Mesa Territorial para explicar las iniciativas que se adoptan y el beneficio que reporta a los municipios la unión voluntaria.
«Ningún alcalde se opone, no hay una posición cerrada al modelo», declaró De Santiago-Juárez, como la percepción que tiene tras las entrevistas que ha mantenido con los presidentes de las diputaciones y con los miembros que conforman el Consejo para la Población, a quienes presentó también la propuesta la semana pasada, por ser una petición recogida en la Agenda de la Población.
Desde el optimismo que ve en el que inicio la negociación, realizó durante su comparecencia ante la prensa una encendida defensa de las ventajas que tendrán los municipios pequeños con su agrupación voluntaria en distritos, en referencia a que en Castilla y León el 76 por ciento tienen menos de 500 habitantes. «Tendrán voz, ahora están marginados», opinó. Al tiempo apuntó también a las ventajas para la Junta al tener como interlocutores unos 200 distritos en vez de los 2.248 ayuntamientos.
También se remitió al documento cuando se le preguntó por la función que tendrán las diputaciones provinciales y apuntó a un grupo de trabajo para establecer la ‘cartera de servicios’ de las corporaciones provinciales y su relación con los distritos de interés comunitarios rurales. En este momento, las diputaciones tienen la obligación legal de prestar auxilio a los municipios más pequeños, recordó ante la opinión ofrecida por algunos presidentes provinciales para justificar la existencia de estas instituciones.
El acuerdo de mínimos llevará a la creación de seis grupos de trabajo, según la propuesta de la Junta: para establecer la ‘cartera de servicios’ de las diputaciones, definir las funciones básicas de los distritos de interés comunitarios rurales, definir las funciones básicas de las áreas funcionales estables, establecer las herramientas de coordinación entre la Junta y las diputaciones, las funciones de secretarios e interventores y proponer un mapa inicial de los distritos de interés comunitario.
La Junta considera que el modelo de las zonas básicas de salud locales es válido y sirve como referencia para el mapa de los distritos de interés comunitario, de manera que también se reduciría el número de distritos frente a las 239 mancomunidades actuales.
Conforme a la propuesta de la Junta, los distritos urbanos se delimitan por una población superior a 20.000 habitantes, que son 15 en Castilla y León, y la existencia de éstos junto a los rurales facilita la mejora en la prestación de servicios. La agrupación de distritos de interés comunitario dará origen a las áreas funcionales, que podrán ser estables –unión de las ciudades y su alfoz- y estratégicas –agrupación de distritos rurales para dar solución a un problema específico de una zona-.
