La memoria del Consejo de Cuentas pone de relieve que el grado de aceptación de las 80 recomendaciones registradas a los entes fiscalizados por la institución propia en los informes de 2022 se situó en el 65 por ciento, es decir, dos de cada tres fueron asumidas. Concretamente, se aplicaron de forma íntegra o parcial un 56 por ciento de ellas, el mejor porcentaje de la serie histórica junto al registrado en 2019.
De ahí que Cuentas valores el “amplio” reconocimiento a la ‘auctoritas’ del Consejo que tiene su reflejo en la mejora de la gestión de los recursos públicos, en el derecho a una buena administración reconocido en el marco del Estatuto de Autonomía y de la legislación básica del Estado. “Se puede legítimamente afirmar que el control externo ejercido por el Consejo de Cuentas contribuye a reforzar las garantías de derechos de las personas de la Comunidad, especialmente en lo referido al gasto público”.
En los cinco años y medio del presente mandato, el Consejo ha realizado más de 700 recomendaciones, de las más de 2.400 efectuadas en toda la serie histórica. Por otra parte, el índice de rendición de cuentas por las entidades locales de Castilla y León, especialmente de los ayuntamientos, se sitúa por encima de la media de las comunidades autónomas. En concreto, habían rendido sus cuentas el 74 por ciento de ellos al cierre del ejercicio y en la actualidad han cumplido con esta obligación más del 86 por ciento, singularmente los de las provincias de Salamanca y Zamora, con el 89 por ciento, y de Palencia y Valladolid, el 88 por ciento.
Con relación a su función fiscalizadora, el Consejo emite informes anuales y específicos, actuando con plena independencia de los entes sujetos a fiscalización. De esta manera, entre los 15 informes aprobados por el Pleno en 2023 y comunicados al Parlamento destacaron, por su trascendencia, algunos como el de análisis de la gestión del programa presupuestario de deuda pública de la administración de la Comunidad, que puso de manifiesto la existencia de una infrafinanciación media de 395 millones de euros anuales en el periodo 2009-2021, apelando, por ello, a la revisión del sistema de financiación autonómica.
El sector público de Castilla y León que fiscaliza el Consejo de Cuentas está integrado por 2.248 ayuntamientos (que representan el 28 por ciento del total de municipios de la nación); nueve diputaciones, un Consejo Comarcal, 276 mancomunidades y otras entidades y 2.214 entidades locales menores.
