En un acto celebrado esta mañana el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, firmó dos protocolos de actuación en materia de vivienda pública con los nueve presidentes provinciales entre los que se encontraba el segoviano Miguel Ángel de Vicente. Dichos acuerdos tienen como principal objetivo la fijación de población en el medio rural, haciendo especial hincapié en los jóvenes. El primero de los protocolos anunciado por el presidente autonómico, fue la construcción de mil viviendas públicas para jóvenes en el medio rural con una inversión de 150 millones hasta el año 2030. Será la Junta de Castilla y León y las nueve diputaciones provinciales las que asumirán la bonificación del 20% en la compra de estas viviendas para menores de 36 años, con un coste estimado de casi 30 millones de euros.
El segundo de los protocolos firmados tiene que ver con la puesta a disposición, en régimen de alquiler social, de 88 nuevas viviendas en los pueblos de la Comunidad , por un importe de 9 millones de euros, que se enmarcarán dentro del programa ‘Rehabitare’.
Dicho programa persigue dar otra oportunidad a edificios en desuso de los municipios de Castilla y León mediante la rehabilitación, para su posterior inclusión en el parque de vivienda pública de la Comunidad. Este programa inició su andadura como proyecto piloto en el año 2009 en la ciudad de Palencia.
En el caso concreto de la provincia de Segovia, se construirán en torno a un centenar de viviendas y se rehabilitarán ocho viviendas al año hasta 2030, dentro del programa ya citado ‘Rehabitare’.
Según expresó el propio De Vicente esta firma es una muestra más de que “el Gobierno autonómico ofrece una política de vivienda seria y útil para fijar población, propiciando oportunidades de emancipación para los más jóvenes con ayudas reales y directas”. Con estos acuerdos, la Junta y las diputaciones provinciales dan un paso más para facilitar el acceso a una vivienda a los jóvenes, tanto en régimen de compra como de alquiler.
Estas iniciativas se suman a otras ya en marcha, como las ayudas directas al alquiler, que benefician a 18.000 familias; distintos beneficios fiscales; y los avales para la compra en el parque de vivienda pública. Con las viviendas de promoción pública que la Junta construye en la Comunidad, junto a las del patrimonio municipal ya rehabilitadas y a las que se crearán de la mano de las diputaciones, Castilla y León tendrá un gran parque público de vivienda al servicio de los jóvenes y las familias más vulnerables.
Por su parte el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, señaló que el Gobierno autonómico ofrece una política de vivienda activa, seria y realmente útil para fijar población, al ayudar a los jóvenes a emanciparse y propiciar el desarrollo de su proyecto de vida en Castilla y León; y, también, al garantizar que las personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas. “Nadie va a dejar de establecerse en nuestra Comunidad, en cada una de nuestras provincias, por no tener vivienda” resaltó durante su intervención.
Cabe destacar también que será en el próximo mes, y bajo el marco de estos protocolos, cuando se construirán sendos grupos de trabajo, en los que participarán técnicos de ambas administraciones (Junta y Diputación) que analizarán las necesidades de vivienda pública, así como todas las cuestiones relacionadas con la interpretación del protocolo, actuando como medio de intercambio de información y coordinación en esta materia. Por todo esto, De Vicente se sumó a la opinión del presidente autonómico subrayando que los protocolos suscritos “son un magnífico ejemplo de colaboración entre administraciones y de la apuesta de la Junta de Castilla y León por el medio rural, con el objetivo de atraer actividad económica y empleo”.
Revisión del PGOU
El tema de la vivienda preocupa, y mucho, no solo al equipo de gobierno, también a las formaciones de oposición. Dese el PSOE, alzan la voz para reclamar una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Segovia, la herramienta estratégica imprescindible para promover vivienda en la ciudad y frenar la escalada de precios en la ciudad, que alcanza el 14,8% de subida en lo que va de año, la más importante de toda la Comunidad. Desde el grupo socialista apuntan a la necesidad de la revisión del PGOU para asegurar el crecimiento de ordenado y sostenible de la ciudad. De llevarse a cabo se podría contemplar la idea de que Segovia avance ya que esto no solo supondría actualizar y adaptar las normativas urbanísticas a la realidad actual sino también facilitar la integración de nuevas políticas en materia medioambiental, social y económica.
La última actualización, llevada a cabo en 2008, ha quedado obsoleta, lo que además de no poder hacer frente a las necesidades actuales, conlleva el riesgo en materia de protección del patrimonio histórico y natural de la ciudad, generando nuevos espacios públicos que mejores la calidad de vida de los ciudadanos. Sin olvidar el aspecto económico que pasa por la creación y desarrollo del empleo y la generación de nuevos negocios.
