En esta operación también se han producido detenciones en las provincias de Madrid y Badajoz. Algunos de ellos cuentan con antecedentes policiales y penales. Los detenidos carecían de preparación y fueron contratados gracias a titulaciones falsificadas, para trabajar como vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos o escoltas privados para 30 empresas diferentes.
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Los detenidos han sido acusados de ser falsos vigilantes de seguridad obtenían el carné que les habilitaba para trabajar gracias a la «deslealtad» de un antiguo empleado de un Centro de Formación —lugar donde se expedían los diplomas— que falsificaba estos documentos y, posteriormente y con la ayuda de una decena de intermediarios, los comercializaba por unos 600 y 1.800 euros.
En concreto, cinco se dedicaban a la vigilancia de explosivos y cuatro eran escoltas privados para 30 empresas diferentes. No obstante, no consta que haya habido «ningún tipo de irregularidad» en la ejecución de sus funciones, a pesar de que uno de los detenidos tenía antecedentes penales por un presunto delito de homicidio y se encontraba ya en prisión.
La mayor parte de los detenidos son españoles y ciudadanos provenientes de Hispanoamérica y del norte de África que habían conseguido la nacionalidad española. No obstante, doce de ellos poseían la nacionalidad rumana de origen. A todos ellos, se les acusa de un delito de falsedad documental y de intrusismo.
La investigación sigue abierta y no se descarta que puedan haber más imputados o detenidos por estos mismos hechos.
