Agentes de la Policía Nacional, en unión con funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Córdoba, han detenido a 75 personas tras una larga investigación gracias a la que se ha logrado desmantelar un supuesto entramado empresarial que habría servido para defraudar más de 700.000 euros a la Seguridad Social, y que estaba centrado principalmente en Córdoba y provincia. Según explicó ayer la Policía, la presente operación se inició a mediados del pasado año, en virtud del convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Así, la investigación dio comienzo tras detectarse una anomalía en la documentación presentada por una ciudadana extranjera, nacional de Rumanía, que acreditaba haber trabajado para varias empresas en un corto periodo de tiempo, logrando así haber acumulado los días de cotización necesarios para ser beneficiaria de las pertinentes prestaciones públicas por desempleo.
Conforme avanzaba la investigación, los agentes pudieron comprobar que las referidas empresas se habían creado “de forma ficticia, con la única finalidad de contratar virtualmente a trabajadores, que a su vez utilizaban los contratos para posteriormente adquirir prestaciones públicas y subsidios por desempleo o, incluso, para que ciudadanos extranjeros pudieran regularizar su situación administrativa” en España, todo “de manera fraudulenta”.
Gracias a la investigación conjunta, los agentes pudieron obtener “indicios sólidos y razonables” de que el cabecilla de la organización, coordinaba esta red de mercantiles enfocada a la “venta a la carta de contratos de trabajo” a tercera personas, “conocedoras de la falsedad de los contratos”, por unos 800 euros aproximadamente, “exigiéndoles incluso a sus supuestos trabajadores un tanto por ciento de las prestaciones fraudulentas que conseguían”, según la Policía.
Por todo ello, los investigadores han identificado a todos los supuestos implicados en la trama delictiva, habiéndose llevado a cabo, desde el pasado mes de julio hasta la actualidad, la detención de 75 personas —supuestos trabajadores— e imputado a otros 32 individuos, residentes la mayoría de ellos en Córdoba y el sur de la provincia, si bien algunos de los detenidos residían en otras ciudades españolas como Palma de Mallorca, Málaga, Gerona o Madrid.
