El Ayuntamiento de Segovia aprobó inicialmente el presupuesto municipal de este año en un pleno celebrado el 25 de febrero. Desde entonces, los cruces de acusaciones entre responsables del gobierno municipal que forman PSOE e IU y el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, han sido casi constantes a raíz de la decisión de los populares de presentar alegaciones a otro de los acuerdos de esa sesión plenaria, la incorporación de 11 millones de euros, procedentes de remanentes de Tesorería, a ese presupuesto que salió adelante por la mínima, gracias a la abstención de Podemos. Las razones esgrimidas por el PP para oponerse a esa modificación presupuestaria que eleva de forma notable la capacidad inversora del consistorio segoviano fueron rechazadas ayer en una Comisión Extraordinaria de Hacienda. Sin embargo, ese acuerdo debe refrendarlo el pleno el 8 de abril, también en sesión extraordinaria, para que la incorporación de ese dinero al presupuesto municipal sea aprobada de manera definitiva.

Después, todavía podría sufrir otro revés, ya que el Partido Popular ha informado de que, a su juicio, el procedimiento seguido para incorporar los remanentes ha sido irregular y este grupo municipal pospone hasta después del pleno del día 8 la decisión de llevar a cabo las acciones judiciales que considere oportunas.

“Esperamos y solicitamos al PP que no continúe con eso. Al Ayuntamiento se viene a resolver las necesidades de los vecinos en un momento crítico”, ha comentado el concejal de Hacienda, Jesús García Zamora, quien afirma que es un informe de la Intervención municipal el que avala la desestimación de las alegaciones de los populares.

“No tienen fundamento porque el expediente contiene todos los requisitos”, sostiene, al tiempo que explica que la memoria que el Grupo Popular dice que falta “sí está en el expediente” y los populares hacen referencia a una sentencia no aplicable a remanentes de Tesorería sino al Fondo de Contingencia.

Por último, García ha señalado que “el propio pleno tiene capacidad para determinar lo que es o no inaplazable y, cuando en febrero se aprobaron esos créditos, está implícita esa necesidad de no aplazar las medidas que recogen”.

Tanto el concejal de Hacienda, que este jueves ejerció como alcalde accidental porque la alcaldesa se encontraba en Madrid en una recepción del rey Felipe VI a los alcaldes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad, como el concejal de Obras, Miguel Merino, insisten en que las alegaciones del PP están retrasando proyectos importantes en la ciudad, algo que niega el portavoz de este último grupo, Pablo Pérez.

Así, indica que estos responsables municipales quieren desviar la atención sobre la tardanza en presentar el presupuesto o su incapacidad para ejecutar inversiones en 2021.

En el Grupo Popular repiten el argumento que llevan esgrimiendo desde el pleno de febrero: que el expediente de incorporación de remanentes de Tesorería al presupuesto no incluye la memoria que exige el Artículo 37 del Real Decreto 500/1990, donde “se debe especificar si todos los gastos y proyectos que se asignan tienen que realizarse en el presente ejercicio, y no pueden aplazarse al próximo año”.

Expropiación

El presupuesto de 2022 ha recibido una alegación de dos vecinos de la ciudad por la partida destinada al pago de expropiaciones que el Ayuntamiento realizará en un edificio de la calle de Antonio Machado para ensanchar la calzada, ya que consideran que es insuficiente si se tienen en cuenta sus pretensiones, según explicó García Zamora.

La alegación ha sido rechazada porque el gobierno municipal ha consignado una partida por encima de la valoración económica que han hecho los servicios municipales de esa expropiación, valoración que hubiera bastado como obligación legal del Ayuntamiento a la hora de reflejar ese compromiso en el presupuesto de 2022, según el edil socialista.