Las clínicas jurídicas de ICADE (Universidad Pontificia Comillas) en sus universidades de Valencia, Barcelona, Valladolid y Madrid elaboraron, en colaboración con Garrigues, un informe sobre los siete centros de internamiento de extranjeros que operan en España que ofreció una foto fija de su situación y constató que serían espacios de “opacidad” donde se estaría produciendo una “vulneración masiva de Derechos Humanos en este caso”.
El trabajo fue presentado ayer en la sede de la Abogacía Española en un acto auspiciado por miembro de la Subcomisión de Extranjería Marcelo Belgrano en el que participaron la directora de la Clínica Jurídica ICADE, Concha Molina, la coordinadora de la Clínica Extranjería de la Universidad de Valencia, Pilar Fernández; la abogada colaboradora de la misma Carmen Cabrera, y el representante del Observatorio de Valladolid, Javier García Medina.
La se trataría de un análisis de los siete CIE desde la perspectiva del marco jurídico que debería regir en ellos y a partir de información obtenida de fuentes diversas —el Ministerio del Interior no respondió a sus peticiones—, y que pese a tratarse de centros no penitenciarios, en la práctica “son como las cárceles, pero éstas cuentan con más garantías”, en palabras de la coordinadora del proyecto y abogada de Garrigues, Amalia Hernández.
Así, aunque los internos pendientes de expulsión que están en los CIE, en muchos casos por mera estancia irregular, sólo deberían tener restringida su libertad de deambular, en la práctica se “vulneran no pocas garantías y derechos fundamentales” como a la integridad física, a la defensa o a la salud. “Es una vulneración masiva de derechos humanos”, destacó García Medina en este caso.
En relación a la sanidad, destacó que en ninguno de los centros y pese tanto a la normativa como a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, se prestó asistencia sanitaria permanente y la que se ofreció, tendría severas deficiencias, no estaría especializada y “resulta inferior a la que en condiciones normales, se recibiría en cualquier centro de salud o establecimiento sanitario”.
“No existen, adicionalmente, mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas ni, en su caso, detectadas las mismas, protocolos de actuación que no sean el aislamiento de los internos en condiciones tales que supongan un atentado para su integridad y salud física”, dijo el informe.
En el caso del CIE de Madrid, por ejemplo, aunque el pliego de condiciones de la adjudicación del servicio sanitario a Clínica Madrid decía que el servicio se prestaría a diario de 8.00 a 22.00 horas y las mañanas de los fines de semana el informe indicó que sólo se da de lunes a viernes.
