Desde hace un par de meses, cualquier ciudadano que pretenda iniciar un proceso judicial civil o mercantil debe demostrar, antes de presentar su demanda, que ha intentado resolver su conflicto por la vía extrajudicial. Así lo establece la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que introduce la obligatoriedad de los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Esta medida, impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tiene como objetivo declarado descongestionar los tribunales y promover una cultura del diálogo. Pero en los despachos de abogados de Segovia, como en no pocos del resto de España, el optimismo institucional choca con la realidad cotidiana.
“Nos han metido este sistema con calzador, sin medios, sin planificación y sin atender a las necesidades reales de la ciudadanía ni de los profesionales del derecho”, resume el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Emilio Fuentetaja. A su juicio, esta imposición previa a la presentación de demandas “es un ataque a la tutela judicial efectiva” y no contribuye en nada a aliviar el atasco de la Justicia. “Más bien al contrario: lo agrava”, subraya.

Conciliación de pago.

La ley establece que, salvo excepciones como los casos de violencia de género, asuntos de familia, filiación, menores o concursos, será obligatorio acudir a un proceso de mediación, conciliación o similar antes de poder presentar la demanda. Y esto implica, en la mayoría de los casos, un coste adicional para el ciudadano. “Antes uno iba al juzgado y metía una demanda de divorcio o de reclamación de cantidad, y punto. Ahora tiene que pagar primero a un mediador, además del abogado y del procurador. Y si no hay acuerdo, que es lo habitual, porque ya se ha intentado antes de llegar al conflicto, hay que volver a empezar desde cero, pagando de nuevo”, lamenta Fuentetaja.
Este doble recorrido —primero el intento de conciliación, después la demanda— no solo supone un encarecimiento del acceso a la justicia, sino también una importante pérdida de tiempo. “Hemos detectado que en Segovia ya hay actos de conciliación judicial que se están señalando a cinco o seis meses vista. Y en otros casos ni siquiera se ha fijado fecha. Eso, en la práctica, paraliza el sistema”, explica el decano.

La mediación no está solucionando el problema del atasco en la justicia, sino que los está agravando, “y ya hay actos de conciliación para dentro de cinco y seis meses”

Ante esta situación, la mayoría de los abogados de la provincia están optando por acudir a actos de conciliación judicial —tutelados por el propio juzgado— en lugar de procesos de mediación privada, tanto por seguridad jurídica como por razones económicas. “Es lo único que podemos certificar con garantías, que nos permite obtener un acta válida para seguir adelante con la demanda. Pero los juzgados no dan abasto, y esto se está convirtiendo en una trampa burocrática”, asegura Fuentetaja.

Improvisación legislativa.

La preocupación no es exclusiva de Segovia. Desde su puesto como miembro del Consejo General de la Abogacía Española, Fuentetaja confirma que la mayoría de los decanos de colegios profesionales comparten el diagnóstico: improvisación legislativa, ausencia de recursos y un efecto contrario al buscado. “La idea de fondo (promover el diálogo y reducir la litigiosidad) podía tener sentido, pero se ha puesto en marcha sin estructura, sin dotación y sin tener en cuenta las realidades del sistema. Lo que se ha generado es un caos absoluto en todos los territorios”, asevera.
Uno de los puntos más polémicos es la indefinición del papel del mediador. La ley reconoce como tales a notarios, registradores, funcionarios, letrados de la Administración y determinados profesionales habilitados por organismos como las Cámaras de Comercio. Pero no existe un colegio oficial de mediadores ni una supervisión unificada. “En Segovia hay muy pocos mediadores. Es una figura apenas utilizada. En la práctica, puede ser un particular con un curso hecho, pero ese particular cobra sus honorarios, el letrado también cobra los suyos, y el letrado de la otra parte también cobra los suyos, con lo cual estamos encareciendo un procedimiento judicial sin ninguna necesidad”, detalla el decano.
Además, en el turno de oficio, donde los recursos económicos son aún más limitados, la falta de previsión es todavía más preocupante. “Los baremos del Ministerio no recogen de forma clara estos actos previos. Nosotros estamos intentando que, al menos, se contemplen los actos de conciliación judicial, que sí aparecen en los baremos”. Pero todo es confuso, y los abogados que trabajan en justicia gratuita no saben si cobrarán por esos servicios”.

La ley del embudo.

Lejos de aligerar la carga de los tribunales, el nuevo sistema está provocando un ‘efecto embudo’. “En lugar de invertir en jueces, funcionarios o tecnología, se ha optado por este sistema”, señala Fuentetaja, que considera que exigir un acto previo obligatorio, sin dotar al sistema de medios suficientes, se acerca mucho a “restringir el derecho fundamental de poder acudir a los tribunales”.
La norma, aprobada con la promesa de transformar la justicia en un servicio más ágil y eficiente, contempla además la sustitución progresiva de los más de 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia, así como la creación de Oficinas Judiciales en el Municipio. Pero en provincias como Segovia, donde el volumen de asuntos puede ser más modesto, pero sin duda es constante y los recursos son limitados, la implantación de este nuevo modelo se está haciendo a ciegas y con mucha improvisación.
“Lo que estamos viviendo es que, para evitar que la gente llegue al juzgado, se le obliga a pagar primero un procedimiento previo, que en muchas ocasiones es inútil, porque no se va a llegar a ningún acuerdo. Es una aberración jurídica, económica y social. La ley lo ha hecho todo más caro, más lento y más caótico”, insiste.
Preguntado por las posibles soluciones, el decano no se muestra optimista: “No veo ninguna a corto ni medio plazo. Lo que sí sé es que la justicia, tal y como se está planteando ahora, está más lejos que nunca de los ciudadanos. Y eso es muy preocupante”.

El decano señala que “desde tiempo inmemorial” los abogados han intentado las conciliaciones extrajudiciales antes de interponer la demanda ante el juez

Con una carga crítica muy directa pero con tono constructivo, Fuentetaja resume su valoración de la ley con una frase que resuena con fuerza entre los profesionales de la abogacía: “La intención podía ser buena, pero la ejecución es desastrosa”. Y, mientras la reforma sigue su curso, miles de ciudadanos se ven atrapados en una jungla legal que exige más trámites, más tiempo y más dinero para acceder a una justicia que se pretendía más próxima y ágil.
Por el momento, en Segovia, los abogados optan por adaptarse como pueden, aferrándose al acto de conciliación judicial como única vía para sortear el bloqueo legislativo. Pero el descontento es generalizado y creciente. “Estamos como estamos porque parece que hemos inventado la pólvora, pero la pólvora lleva inventada desde hace ya muchos siglos”, concluye el decano. Porque, “desde que el mundo es mundo” los abogados siempre han tratado de llegar a acuerdos extrajudiciales. “Antes de meter una demanda intentamos siempre una conciliación entre las partes”. Hay una máxima que reza que ‘más vale un mal acuerdo que un buen juicio’, pero de momento con las nuevas disposiciones legales, se ha puesto tan difícil alcanzar tanto lo uno como lo otro.