La Guardia Civil de Segovia ha desarticulado una red radicada en la capital que se dedicaba a la falsificación de contratos de trabajo, regularización fraudulenta de extranjeros y cobro fraudulento de prestaciones por desempleo. Esta trama también tenía ramificaciones en otras provincias, como Alicante, Murcia, Gerona, Las Palmas, Toledo, Ávila y Madrid.
La operación, denominada Aquileo, se ha saldado con la detención del presunto ‘cabecilla’ de la red, H.M.P., hombre de 45 años, vecino de Segovia, y a otras 60 personas presuntamente relacionadas laboralmente con él, e imputado a otras 12 aún por localizar. A todos ellos se les imputan los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, estafa y favorecer la inmigración clandestina.
Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil detectó que un gran número de trabajadores extranjeros de la provincia de Segovia, incluso de otras provincias, regularizaban su situación administrativa en España utilizando contratos de trabajo de una conocida empresa de construcción radicada en Segovia que parecía no tener actividad real .
Las investigaciones han contado con el apoyo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, y la coordinación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Segovia. La empresa no tenía actividad laboral alguna que justificara el elevado número de trabajadores que poseía. Incluso, la sociedad se encontraba en estado de disolución, acumulando pérdidas por valor de 150.000 euros.
La Guardia Civil de Segovia comprobó que los trabajadores de la empresa constructora, extranjeros en su totalidad, utilizaban el contrato y el período supuestamente trabajado para, por un lado, regularizar su situación administrativa en España, solicitando permisos de residencia y trabajo y, por otro lado solicitar prestaciones por desempleo y ayudas familiares. También se detectó que los contratos se utilizaban para fundamentar solicitudes de reagrupamientos familiares que estaban en el extranjero, solicitar préstamos bancarios, o permisos penitenciarios.
La investigación requirió, previa autorización del Juzgado, varios registros, tanto en la sede social de la empresa, como en el domicilio particular del presunto ‘cerebro’ de la trama, y otro más en un domicilio de varios supuestos trabajadores de la empresa. En ellos los agentes se incautaron de diversa documentación falsa, como contratos de trabajo, nóminas, comunicaciones a la Seguridad Social, documentación fiscal, así como ordenadores y otros efectos.
El responsable de la ‘empresa pantalla’, H.M.P., expedía contratos falsos de trabajo, previo cobro de una cantidad de dinero que oscilaba entre 200 y 500 euros por mes de alta en la empresa, y altas ficticias en la Seguridad Social, que los trabajadores extranjeros utilizaban posteriormente para cobrar prestaciones por desempleo y fundamentar solicitudes de regularización de su situación administrativa en España.
El presunto ‘cabecilla’, que realizaba sus actividades a través de un bar que regentaba en Segovia, no necesitaba hacer publicidad de su negocio, cuya actividad rápidamente se difundió entre la comunidad extranjera de Segovia, principalmente entre la de origen marroquí. Ahora estos extranjeros se enfrentan a la posibilidad de que vuelvan a la situación irregular anterior y a ser expulsados a su país de origen.
La valoración de lo defraudado supera el millón de euros, aunque el perjuicio de este tipo de tramas puede ser superior, ya que con estas altas ficticias los imputados se podrían haber beneficiado de mejores pensiones en un futuro, explicó la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz. En todo caso, los distintos organismos perjudicados están ahora anulando los efectos de esas altas ficticias de la empresa, que anteriormente sí tuvo actividad real.
El teniente coronel de Segovia, Juan Miguel Jiménez, añadió que se trata de la primera vez que se desarticula en Segovia una trama de este tipo.
La Guardia Civil de Segovia ha actuado en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, el Área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno, la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional.
Empleados que pagaban al empresario
El funcionamiento de la trama era de auténtica “paradoja”, tal como la definió el teniente coronel de la Guardia Civil, Juan Miguel Jiménez. Los beneficios los obtenía el empresario de los pagos que le hacían sus empleados. Éstos pagan entre 200 y 500 euros mensuales al cabecilla de la trama, que les había realizado un contrato de trabajo, de modo que ellos regularizaban su situación en España y luego cobraban las prestaciones por desempleo y otras ayudas oficiales por agrupamiento familiar. El importe del fraude cometido en este tiempo supera el millón de euros, según los cálculos de los investigadores, pues llevaba el supuesto fraude comenzó al menos en 2009.
