La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que defraudó a la Seguridad Social más de 150.000 euros. El entramado operaba principalmente en la provincia de Valladolid, aunque los investigadores no descartan que pudieran haber continuado su expansión a provincias limítrofes como Segovia y Burgos.
La investigación se inició en los meses de mayo y junio, fruto de la colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular. También ha participado en la operación denominada GRIMALDO el Grupo de Extranjería de la Comisaría Provincial de Segovia.
Los integrantes del grupo son seis personas. El líder de la red, un varón de 32 años de edad con un antecedente policial por falsificación documental, fue detenido el pasado 27 de junio como presunto autor de los delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Púbica y pertenencia a grupo criminal.
A raíz de la investigación se detectaron ocho empresas que se dedicaban a la intermediación agraria proporcionando a los agricultores mano de obra para faenar en el campo en actividades como la vendimia, poda en seco y recogida de patata. Seis de las empresas tienen domicilio social en la provincia de Valladolid.
Los trabajadores eran seleccionados y dados de alta en la Seguridad Social por la empresa intermediaria, la cual al finalizar los servicios emitía una factura al agricultor, su cliente. Sin embargo las obligaciones de las cuotas por disponer de empleados no eran cubiertas y se iba acumulando mensualmente una deuda importante.
Cuando obtenían un nuevo cliente, este les solicitaba certificados de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social para evitar así su responsabilidad subsidiaria, por lo que se cerraba esa empresa y abrían una nueva a nombre de otro de los miembros. Al ser de nueva creación era una empresa “limpia” de deudas y así se aseguraban poder obtener certificados de estar al corriente del pago para poder presentar al futuro cliente.
Durante el periodo en que uno de los miembros era titular de la empresa activa en ese momento, el resto figuraban como trabajadores por cuenta ajena de sus propias empresas, generando así una vida laboral ficticia que en el futuro les pudiera dar derecho a solicitar el cobro de prestaciones o subsidios públicos.
Desde la Dirección General de la Policía han señalado que la operación continúa abierta a la espera de localizar y detener a más integrantes de la red.
El detenido, tras prestar declaración en dependencias policiales, fue puesto en libertad con cargos.
