El operativo contra incendios de Castilla y León se puso en marcha el pasado 1 de julio, y transcurridos 22 días del mismo, denuncian la precariedad “a la que somete la Junta” a estos trabajadores, las condiciones en las que desarrollan sus funciones en instalaciones “tercermundistas”, y la falta de efectivos en todos los puestos, como por ejemplo, en seis de las 22 torres de vigilancia que se extienden a lo largo de la provincia de Segovia.
PSOE de Segovia y UGT ofrecieron este jueves una rueda de prensa, en la que lamentaron la actitud “negligente, irresponsable y preocupante” de la Junta, a la que acusan de mantener un modelo ya caduco, no adaptado a las nuevas circunstancias que conlleva el cambio climático, y que impulsa la privatización de muchos de los servicios del dispositivo de extinción de incendios. De hecho, según explicaron, las bases de los helicópteros que atienden a Castilla y León no cuentan con empleados públicos, son servicios externalizados, así como las cuadrillas de tierra, con siete retenes (12 personas por cada uno), que también son privados.
En el encuentro participaron, el secretario general del PSOE de Segovia y diputado nacional, José Luis Aceves; el procurador socialista y secretario autonómico de Cambio Climático y Sostenibilidad, José Luis Vázquez; el portavoz socialista en la Diputación, Máximo San Macario; y por parte de UGT, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos Regional, Tomás Pérez; el secretario del sector autonómico de Servicios Públicos Regional, Carlos Arenas, y el secretario provincial de FeSP-UGT en Segovia, Miguel Ángel Mateo. Estos últimos denunciaron también que la Junta no reconozca la figura del bombero forestal, como sí sucede en otras comunidades autónomas y en países europeos, así como la duración de la campaña contra incendios, tan solo de tres meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, cuando en su opinión, debería ser a lo largo del año, con labores de limpieza de terreno y otras similares, durante los meses de menos riesgo de incendios.
Por su parte, Aceves calificó de “negligente” la gestión de la Junta y exige responsabilidades tanto al consejero de Fomento como al delegado territorial. “Si la Junta fuera una administración seria y responsable e indica que el 1 de julio se inicia la campaña de extinción de incendios, ha de tener todo el personal necesario contratado con carácter previo a esa fecha para garantizar el correcto funcionamiento del operativo”, afirmó.
Vázquez incidió, por su parte, en la gestión de la Junta, “marcada por el inmovilismo, la inacción, la insuficiencia de recursos humanos y materiales y la inexplicable obcecación en no atender las históricas reivindicaciones de un colectivo que clama por el reconocimiento de la categoría de bomberos forestal, aún sin implementar en nuestra comunidad”. José Luis Vázquez criticó asimismo la progresiva privatización de los servicios públicos por parte de la Junta, “sin generar nuevos puestos de empleados públicos en un servicio esencial como el de incendios”.
