Un grupo de padres de alumnos del centro educativo CEIP San Gil de Cuéllar ha denunciado presuntas irregularidades en el proceso de admisión del centro. Se trataría, en este caso, del uso de los falsos empadronamientos por parte de las familias, que realmente residen en el municipio, para obtener la condición de trasportados a efectos de sistema educativo y así conseguir plaza preferente en el mencionado colegio, además de recibir otros privilegios como no pagar comedor escolar.
Los afectados afirman que “es una situación que venimos denunciando hace más de un año y que sigue sin recibir respuesta por parte de las autoridades competentes”. En concreto, estas prácticas habrían sido comunicadas a la Delegación Territorial de Educación de Segovia, en particular al encargado de la inspección del centro, Marcos Pérez, a la dirección del centro, al AMPA y al equipo de gobierno de la Villa. Sin embargo, hasta la fecha no se habría adoptado ninguna medida.
Los vecinos de Cuéllar aseguran estar “asistiendo impotentes” a situaciones de discriminación entre los menores a la hora de seguir un proceso de admisión escolar ecuánime para todos los niños, además de asistir a un “claro uso fraudulento” de los impuestos: “En un transporte en bus que se fleta, se pagan seguros para que en el no vayan ni la mitad de los niños que, según los empadronamientos, deberían ir y de un comedor escolar sin coste alguno para estas familias, pese a la renta per cápita que tengan”.
Según afirman los demandantes, la administración les ha sugerido, en varias ocasiones ,denunciar de manera individual a los padres implicados, pero, al menos a día de hoy, se niegan a hacerlo: “No queremos sembrar división entre familias, ni abrir conflictos personales. Pero si es la única solución para obtener una igualdad, lo haremos, aunque entendemos que es un problema que debe resolver la administración”.
Este grupo de padres ha solicitado a la Consejería de Educación varias actuaciones, al respecto, como el control de los empadronamientos trabajando interdisciplinariamente con las CEAS. Y, desde el centro, se le habría ofrecido la opción de desdoblar aula para que ningún niño se quede fuera: “No pedimos privilegios, pedimos justicia, sentido común y una respuesta educativa adecuada a la realidad del municipio”, aseguran.
