La Constitución Española de 1978 establece que España es un Estado cuya forma política es la monarquía parlamentaria, cuyo sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional, la división de poderes y un sistema parlamentario. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del estado: legislativo, ejecutivo y judicial.
Pero en España no existe división de poderes, ya que con su existencia se debería limitar y controlar el ejercicio del Gobierno, sin embargo, en nuestro sistema ocurre lo contrario, el Ejecutivo influye en la composición de los otros poderes, el legislativo y el judicial.
VOX presentó allá por el mes de noviembre del 2020 una proposición no de ley que aseguraba la división de poderes y que toda la izquierda votó en contra, mientras que el PP votaba a favor entonces, hoy se convierte en cómplice y cooperador necesario de Sánchez y sus socios.
Este pasado jueves en el Pleno del Congreso VOX ha sido testigo de excepción del bochornoso pasteleo entre el PSOE, PP y Podemos en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo, en un ejercicio de politización de los órganos constitucionales. Objetivo, mantener sus estructuras y sus poltronas y parar a toda costa a VOX.
Y así ha quedado demostrado cuando en el último punto del orden del día en el Congreso, (en la elección de los miembros del Constitucional) el señor Antonio Gómez-Reino Varela, diputado de Podemos ha tomado la palabra y ha manifestado: “Teniendo en cuenta que los señores de VOX han interpuesto más de 30 recursos al Constitucional, y teniendo en cuenta que la mayoría de estos recursos han sido admitidos a trámite, y que esos recursos parecen buscar secuestrar la acción del poder legislativo y del poder ejecutivo… cabe afirmar que la razón más importante que explica el sentido del voto de nuestro grupo parlamentario es acabar con este secuestro…”, es decir, parar a VOX y el éxito de los recursos presentados, después de las ya conocidas sentencias de inconstitucionalidad de los estados de alarma y cierre del Congreso. Pero esta práctica bipartidista (favorecida por los que venían acabar con la ‘casta’) lesiva para el sistema político instaurado en 1978, es lo que llevan haciendo el PP y el PSOE durante 40 años, y que este jueves de la mano de los comunistas han refrendado repartiéndose los magistrados para el control del Constitucional. Magistrados que son elegidos a razón de su dependencia política de quienes los eligen, que si tuvieran dignidad renunciarían a la podredumbre de un sistema creado en pos de ambiciones y de intereses personales y materiales.
Los magistrados deben ser nombrados por jueces, ¡no por políticos!, y hasta que eso no suceda, la verdadera democracia elegida por el pueblo se convierte en utopía.
Como dijo mi compañero José María Sánchez en tribuna después de la intervención del portavoz de Podemos, tanto PP como PSOE son partidarios de Azaña (Presidente de la II República), que dijo: “Yo no creo en la independencia judicial”, y por tanto, creen la negación de un principio básico en democracia, y que siendo jefe del Estado, sancionó un decreto el 13-06-1936 que sometió al Tribunal Supremo con carácter retroactivo a un control político rígido.
Por eso VOX ha apelado a la independencia judicial y a la dignidad de cada miembro de la cámara, incluso de los magistrados, para parar este atraco de las instituciones que dura ya demasiado tiempo y que pervierte nuestro sistema democrático.
Ahora, que cada uno saque sus propias conclusiones y en el futuro este latrocinio sirva de motivación en las urnas y decida si quiere seguir formando parte de los antidemócratas, o de los verdaderos defensores de la libertad y de la democracia.
(*) Diputado de VOX por Segovia
