La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, defendió ayer el modelo autonómico pero reconoció la necesidad de ajustar los gastos porque, de lo contrario, será «insostenible». Por ello, entre otras medidas, anunció que pedirá al gobierno que salga de las urnas que lidere a las comunidades para que establezcan una cartera de servicios común para todas, en lo que se refiere a la educación, la sanidad y los servicios sociales. A juicio de Del Olmo, es necesario modificar el modelo de financiación para el sistema autonómico sea «sostenible». Para la consejera el modelo autonómico no cumple con las necesidades y es insolidario porque premia a las más ricas y no da satisfacción a la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Esta cartera de servicios que propone Del Olmo tiene que marcar qué es lo financiable de estos tres servicios fundamentales. A partir de ahí, otras prestaciones que quiera poner en marcha cualquier comunidad debe de sufragarlos con sus ingresos. Esto, añadió, daría «igualdad» a todos los ciudadanos, independientemente de la región en la que vivan.
La consejera, que participó en los Desayunos de Santa Cruz organizados por la Universidad de Valladolid unió la sostenibilidad del modelo autonómico con el del estado del bienestar. El objetivo, dijo, es ver de qué manera el sistema autonómico tiene que ser sostenible también con la crisis.
Precisamente, el deterioro en las finanzas públicas hasta «niveles muy altos» ha hecho que el gasto de la administración pública con los ingresos con los que cuenta «o se ajusta o será insostenible». «Hay que ajustar el gasto para permitir un mayor crecimiento y una mayor actividad». Al mismo tiempo, destacó la importancia de saber transmitir a los ciudadanos las «razones» de esos ajustes porque «son decisiones difíciles pero hay que adoptarlas porque en el futuro nos va a permitir ser sostenibles».
Para ello, es preciso, indicó, acabar «con el gasto ineficiente» y eso lleva a «priorizar» gastos. A su juicio, hay que establecer prioridades que ayuden a salir de la crisis y que tengan en cuenta la cohesión social. Otro modo de ahorrar es mejorar los «controles de eficiencia y clarificar las responsabilidades» para evitar duplicidades entre las administraciones. Al mismo tiempo, remarcó que las comunidades son sólo responsables «de una parte pequeña del déficit» del Estado.
Por otro lado, calificó a la Justicia como «una competencia envenenada» desde la premisa de que las comunidades que la tienen han de cumplir las decisiones de gasto de otros organismos, como el Consejo General del Poder Judicial que puede optar por crear más órganos o fiscalías.
Discrepancias.- La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, antepuso ayer incrementar ciertas tasas de servicios públicos «desactualizados» de prestación de servicios público no «fundamentales» a establecer otro tipo de fórmulas como la modificación del copago farmacéutico y negó la posibilidad de devolver competencias a la Administración central porque «son la esencia de la prestación de servicios a los ciudadanos». Una estrategia que no compartió el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, quien, a su juicio, se podría evaluar estos copagos de «baja intensidad» y con ello se garantizaría la equidad si se establece un copago en función de las rentas, una fórmula propuesta por la catedrática de Economía Aplicada de esta universidad, Olga Ogando.
Del Olmo aún coincidiendo en «la injusticia» que supone la situación expuesta por la catedrática, defendió el modelo sanitario y recordó que hay también otros muchos servicios públicos que presta la administración y que «o no se pagan o se hace a muy bajo coste». Por ello, abogó por analizar estos servicios que se prestan en «gratis total» y trabajar en esa línea para ver si de ahí se pueden sacar ingresos.
