La buena sintonía con los sindicatos y la experiencia en asuntos laborales son los principales activos de Valeriano Gómez, que será el próximo ministro de Trabajo e Inmigración en sustitución de Celestino Corbacho, que vuelve a la política catalana.
Valeriano Gómez era el personaje único para el que estaba preparado este reajuste del Gobierno. Su nombre era uno de los que figuraban en las quinielas que se han ido confeccionando en las últimas semanas.
Afiliado de UGT y crítico con la reforma laboral parece que con su incorporación al Gabinete de Zapatero hace un guiño a los sindicatos. Hombre de diálogo y un negociador nato que se conoce al dedillo los difíciles entresijos del mundo del trabajo, aseguró tras su nombramiento que asume «con mucha ilusión y con orgullo» sus nuevas responsabilidades y señaló que viene con ganas de contribuir a la salida de la crisis y a la búsqueda de soluciones a los más de cuatro millones de parados que existen actualmente en España. «Tengo ganas de poder aportar mi grano de arena en la solución a este delicado momento y en la búsqueda de soluciones al principal problema de la sociedad española, que es el alto nivel de desempleo», manifestó.
Asimismo, Gómez sostuvo que llega al Ministerio con la intención de desarrollar la reforma laboral en «un marco de consenso y diálogo, si es posible». El nuevo titular de Trabajo e Inmigración recordó que ha colaborado muchos años con esta cartera, ocupando el cargo de secretario general cuando Jesús Caldera era el ministro y siendo asesor de varios ministros durante la etapa en la que gobernó Felipe González.
En concreto, Gómez, nacido en Arroyo del Ojanco (Jaén) en 1957, tomó posesión de la Secretaría General de Empleo el 19 de abril de 2004, durante el primer Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y en noviembre de 2006 abandonó el cargo alegando «razones personales». Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, durante esos dos años como responsable de Empleo, Gómez consiguió importantes acuerdos con sindicatos y empresarios, siendo el de la reforma laboral de 2006 la de mayor trascendencia.
Defensor del diálogo social, el nuevo ministro de Trabajo, aunque participó en la manifestación del 29-S (no secundó la huelga), ha acabado por defender públicamente la reforma laboral para la que pidió paciencia y tiempo para valorar los efectos.
El nuevo ministro tendrá mucho tajo por delante: los sindicatos están en pie de guerra y los empresarios inmersos en un proceso electoral, por lo que el sucesor de Corbacho habrá de apaciguar los ánimos de ambas partes si quiere recuperar el diálogo social, algo que no parece sencillo si el Gobierno no rectifica la reforma.
En el horizonte, hay modificaciones, algunas de mucho calado, como las pensiones, que esperan al nuevo ministro. En función de las conclusiones del Pacto de Toledo, el elegido tendrá que abrir una negociación con los agentes sociales para sacar adelante una reforma, que ya de entrada, cuenta con el rechazo sindical en uno de sus aspectos más significativos: el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años.
También están en espera la reforma de las políticas activas de empleo, uno de los principales objetivos de Zapatero en esta nueva etapa, y el desarrollo reglamentario de la citada modificación, que el Gobierno aspiraba a pactar con los sindicatos y que, de momento, no contará con su concurso si no hay una rectificación previa. Valeriano Gómez deberá decidir, además, si mantiene en su cargo al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, con quien ya trabajó en su etapa como secretario general de Empleo con Caldera, y a Maravillas Roja, que se hizo con la Secretaría cuando llegó Corbacho al Ministerio.
En lo que concierne a la materia de Inmigración, el nuevo ministro deberá afrontar la aprobación del Reglamento de Extranjería.
A su llegada al Congreso para asistir al debate de los Presupuestos, Celestino Corbacho dijo de su sustituto que es una «excelente persona y un buen amigo». Este catalán, que ayer abandonó la cartera que tantos quebraderos de cabeza le ha causado, llegó al Gobierno en calidad de conocedor del fenómeno de la inmigración tras haber sido alcalde en L’Hospitalet de Llobregat, municipio catalán donde la cuarta parte de la población es extranjera.
Al frente del renombrado Ministerio de Trabajo e Inmigración, acometió una reforma de la Ley de Extranjería motivada por las sentencias del Tribunal Constitucional, que dejaron sin validez la normativa anterior, elaborada por el Ejecutivo del Partido Popular.
Además de introducir cambios en la normativa en materias como la reagrupación familiar o los permisos de trabajo, Corbacho fue el impulsor del llamado Plan de Retorno Voluntario por capitalización del desempleo, que permite a los extranjeros en paro acumular la prestación a la que tienen derecho para volver a su país, a cambio de firmar que no regresarán a España en, al menos, cinco años.
Corbacho encomendó, además, la elaboración del reglamento de la Ley a Anna Terrón, también procedente del PSC, quien ostenta actualmente la secretaría y se encuentra ultimando el borrador. Será un trabajo más para Gómez.
