El juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) citó a declarar ayer como testigo a otra reclusa dentro de la investigación abierta contra un funcionario de la cárcel de mujeres de esta localidad que supuestamente realizó solicitudes de carácter sexual a algunas de las internas, funcionario que se encuentra suspendido de empleo y sueldo desde el mes de noviembre del pasado año 2014.
En este sentido, esta será la última testifical que el juez practique antes de tomar declaración al funcionario imputado en esta causa, cuya comparecencia había sido fijada inicialmente para el próximo día 2 de febrero aunque, con posterioridad, fue suspendida, no teniendo por el momento nueva fecha señalada.
El juez ya había tomado declaración a tres internas de la cárcel, la última de ellas el pasado día 18 de noviembre, cuando una de las presunta víctimas ratificó la denuncia y señaló que el comportamiento del funcionario respecto a las afectadas era “habitual” y no “puntual”.
El pasado 21 de julio ya comparecieron en el Juzgado otras dos internas, una como perjudicada y la segunda como testigo. La primera de ellas ratificó que el funcionario le realizó peticiones de carácter sexual y que le hizo tocamientos en los senos, mientras que aseguró también que el funcionario le mostró imágenes de contenido pornográfico a través de su teléfono móvil.
Además, esta misma interna, que declaró como perjudicada y que pidió su traslado de cárcel tras ocurrir estos presuntos hechos, relató que un día se encontraba duchándose y el funcionario llegó, descorrió las cortinas y “le dijo que se iba a meter dentro con ella”, mientras que indicó también que el funcionario intercambiaba cartas con algunas reclusas.
La segunda de las internas, que compareció como testigo y que a esa fecha continuaba como interna en la cárcel de Alcalá, relató que el funcionario también le mostró a ella imágenes de contenido pornográfico y aseguró haber visto cómo intercambiaba cartas y regalos con otra presas, a las que también solicitaba que le realizaran masajes o que le depilaran las piernas. Asimismo, manifestó que la actitud del funcionario con las internas “no era la adecuada”, pues mantenía un comportamiento “un poco vejatorio y chulesco”.
El Ministerio Público interpuso una denuncia contra el funcionario por tres presuntos delitos, en concreto un delito de negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos del artículo 443.2 del Código Penal, un delito de abusos sexuales y un delito contra la integridad moral.
