La Corte Suprema de Brasil anunció que investigará a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y decenas de políticos para establecer posibles vínculos con la trama de sobornos por valor de miles de millones de dólares en la petrolera estatal Petrobras.
El escándalo de corrupción sacudió a la clase política de Brasil y minó el respaldo a la presidenta Dilma Rousseff, quien fue reelecta en una reñida votación el año pasado y lucha por evitar una recesión económica y una rebaja de la nota crediticia del país.
Un funcionario judicial detalló el viernes que 54 personas serían investigadas, incluidos senadores y diputados, 53 de ellos miembros de la coalición gobernante de Dilma Rousseff.
La lista la encabezan el presidente del Senado Renan Calheiros y Eduardo Cunha, líder de la Cámara de Diputados, ambos miembros del Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el más grande del país y el principal aliado de Rousseff en la coalición de Gobierno.
Dos miembros de primera línea del gabinete de Gobierno del primer mandato de Rousseff están bajo investigación: la senadora Gleisi Hoffmann, exjefa de gabinete de la Presidencia, y el exministro de Energía Edison Lobão.
Sólo un político de la oposición, el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña, será investigado.
Bajo la ley brasileña, los funcionarios elegidos solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema, la que ahora debe decidir con la ayuda de los fiscales si existen evidencias suficientes para someterlos a juicio.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, no será investigada por este caso de corrupción pese a haber sido citada en una de las peticiones enviadas a la Corte Suprema de Justicia.
El procurador general de la República, Rodrigo Janot, comunicó que no tiene competencia para investigar a la mandataria.
Veto a contratos
Por otra parte, la petrolera estatal brasileña Petrobras anunció que prohibirá temporalmente a dos empresas de ingeniería postular a contratos y nuevas licitaciones.
Petrobras hizo pública una nota de prensa en la que informa de que puso en marcha una investigación de las prácticas de Schahin Engenharia SA y TKK Engenharia SA, a las que se acusa de ser parte de un grupo de contratistas que sobornaron a ejecutivos para obtener contratos.
