Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Fernando Martínez ha sido abogado hasta 2003. Llegó joven a la política, donde ha ocupado cargos tanto en el Ayuntamiento (concejal y viceportavoz) como en la Diputación (presidente desde 2003). Su proyección y buenas relaciones en el Partido Popular le han llevado a ser diputado (2000-2004) y presidente provincial del partido desde 2004. Tras ser portavoz del PP en la FEMP de 2007 a 2011, actualmente ocupa la vicepresidencia segunda de esta institución. Además es miembro del consejo de administración de Caja España-Duero.
Todos los días salen impagos de ayuntamientos o deudas millonarias. ¿Quién es el culpable de esta pésima situación?
Con independencia de la gestión de cada alcalde, hay una situación global de crisis. La culpa evidentemente es de que la menor recaudación del Estado ha provocado menos transferencias hacia las corporaciones locales. Además, el Gobierno ha tomado decisiones erráticas que han agravado la situación, como por ejemplo las malas previsiones de 2008 y 2009 que supone ahora que tengamos que devolver 6.000 millones en cuatro años o impedir su endeudamiento.
Además de la crisis, muchos alcaldes han gastado demasiado alegremente. ¿Sería necesario exigir responsabilidades a quienes gestionen mal?
Es evidente que hay situaciones concretas que son escandalosas. Y los partidos políticos deberíamos tomar medidas mucho más contundentes con algunos cargos públicos que dejan una herencia calamitosa. Estamos en un estado de Derecho que es capaz de censurar esas situaciones, que por cierto lo hace la sociedad.
El ciudadano tiene la sensación de que se van de rositas.
Es imprescindible que haya responsabilidades políticas, que ya las hay, y responsabilidades personales, aunque para ello serían necesarias modificaciones legales. Yo personalmente soy partidario de ello. Cada uno tiene que ser absolutamente responsable de su gestión, por lo que habría que establecer reformas legislativas para establecer la vinculación entre el ejercicio del cargo político y la responsabilidad derivada de su mala gestión. Ese vacío legislativo habría que cubrirlo y además con cierta contundencia.
¿De qué forma repercute la falta de un modelo de financiación local?
Llevamos 30 años en que ha avanzado el estado de las autonomías, ha mejorado la financiación autonómica y mientras tanto, el modelo de financiación local está sobrepasado por el tiempo. Muchos ayuntamientos han subsistido por el boom de la construcción y otras circunstancias, pero en estos momentos ya no vale; por tanto es imprescindible un modelo estable y duradero. Y es muy importante que se tomen decisiones que no cuestan dinero, pero que benefician a los ayuntamientos.
¿Qué exigencias son innegociables ante este futuro modelo?
Ahora mismo hay una reclamación a corto plazo y otra a medio plazo. Lo que más nos preocupa es la devolución de 2008 y 2009, ya que tenemos que devolverlo en cuatro años y hemos solicitado hacerlo en diez.
A medio plazo, el sistema de financiación debe dotar de más recorrido fiscal a las corporaciones locales, con recursos estables y duraderos en el tiempo, que nos permita no estar sometidos al capricho del Gobierno de turno. Otra cuestión básica es que el dinero no nos llegue condicionado, sino que podamos gastarlo conforme a la autonomía local de las corporaciones.
¿Los ayuntamientos asumen competencias que no son suyas?
En este país, todos hacemos de todo lamentablemente. Es imprescindible hacer una carta de competencias, que determine claramente cuáles son las de cada administración y que nadie se salga de ahí. El problema es que la corporaciones locales estamos ejerciendo y pagando muchas competencias en base al principio de subsidiariedad, aunque no nos corresponde. No tenemos recursos económicos para ello y tenemos que solucionarlo con una ley de régimen local que evite duplicidades y deje claros los límites de cada administración.
¿Qué reivindicaciones tienen los municipios ante la Junta?
La Junta avanzó mucho en el pacto local, aunque siempre es mejorable. Pero nosotros siempre hemos pedido la participación en los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas, aunque hasta ahora han sido muy reacias. Mientras esto no pase estaremos sometidos a las subvenciones de la Comunidad para el fin que ella estime conveniente.
¿Qué futuro espera a las diputaciones y cuál es su papel?
Hay 15 millones de españoles que viven en municipios menores de 20.000 habitantes y esos ayuntamientos no tienen capacidad económica ni de gestión para prestar unos servicios de calidad, por lo que tiene que existir una institución cercana que preste ese servicio, especialmente en comunidades tan extensas como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, etc. Y por lo tanto, creemos que son indispensables. Lo que hay que hacer es redefinir competencias y evitar duplicidades. Y por qué no también cambiar el sistema electoral para que los ciudadanos puedan elegir directamente a los diputados o al propio presidente.
