José Luis Concepción deja la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León después de veinte años en el cargo, y el balance que realiza de su paso por el cargo pone en evidencia que la justicia en España necesita de más eficiencia, pero también de más independencia.
P. Casi dos décadas al frente del TSJ de Castilla y León. ¿Qué se encontró a su llegada, y qué Tribunal deja?
R. Tomé posesión un 21 de julio de 2005 en el viejo Palacio de Justicia de Burgos, sede del Tribunal Superior de Justicia de nuestra Comunidad, un edificio que tuvieron que apuntalar para la ocasión. Me encontré unos medios ciertamente precarios, unas infraestructuras obsoletas, una Justicia de papel.
Hoy el panorama ha cambiado sustancialmente: contamos con edificios modernos y funcionales en la mayor parte de los partidos judiciales del territorio, y los jueces y funcionarios pueden trabajar telemáticamente desde hace ya varios años.
P. ¿Llegó a pensar en 2005 que estaría veinte años como presidente del Tribunal?
R. Nunca me imaginé que estaría tanto tiempo al frente del Tribunal. Usualmente, estos nombramientos, que son por cinco años, suelen prorrogarse para un segundo mandato. Yo he sido elegido por el Consejo General del Poder Judicial en tres ocasiones, por amplias mayorías en todas las ocasiones; y, a causa de la imposibilidad legal que tuvo el Consejo anterior para efectuar nombramientos desde marzo de 2021, el último mandato se ha extendido casi cinco años más de lo que hubiese sido normal.
Pero como dice el tango, veinte años no es nada…
P. En varias ocasiones ha denunciado injerencias políticas en la justicia. Entendiendo que todas son hirientes para un juez ¿cuál es la que más le ha llegado a doler?
R. El poder político, cualquiera que sea el sesgo ideológico que lo sustenta, en ocasiones trata de influir en la Justicia, lo que constituye un ataque al principio de separación de poderes. En estos veinte años he contemplado intentos en este sentido, y me duelen. Aunque quizá lo que más me entristezca es cuando se pretende legislar en función de unos intereses particulares y no del interés general.
P. ¿Considera que, con la deriva que se está llevando en los últimos años, en España se respeta la independencia judicial o ya se ha traspasado el umbral del riesgo de politización?
R. Desde que ingresé en la Carrera Judicial, hace ahora treinta y seis años, se oye hablar de la politización de la Justicia y de la judicialización de la política: la primera provocada por el intento de las fuerzas políticas de controlar los órganos de gobierno del Poder Judicial y la segunda determinada por tratar de llevar a los Tribunales la pugna que nunca debiera salir de la arena política.
Cuando no gusta una decisión judicial en casos políticos o económicos de gran alcance, se tiende a criticar la independencia del juez que instruye o juzga estas causas. La razonable crítica a la decisión de un juez es sana y existen vías legales como los recursos para encauzarla. Sin embargo, el ataque personal o la duda infundada constante no es admisible porque supone un grave ataque al propio Estado de Derecho que no debiera consentirse ni fomentarse.
P. En su despedida alertó sobre la “destrucción del Estado de Derecho”. ¿A qué se refería?
R. Mi advertencia se refería al daño gradual que sufre la separación de poderes. Todos los ciudadanos debemos permanecer atentos ante cualquier intento de socavar las bases de nuestra democracia, ya sea a través de reformas legislativas precipitadas e interesadas, o de injerencias indebidas en el trabajo de los jueces.
P. ¿El retraso en la designación de su sucesor afectó al funcionamiento del TSJ?
R. En ningún caso. El Tribunal Superior de Justicia ha funcionado y funcionará plenamente hasta el mismo día de la toma de posesión de mi sucesora y, por supuesto, a partir de entonces, sin solución de continuidad. No es el caso de las vacantes judiciales que se han producido durante estos últimos cuatro años en el Tribunal Supremo o en algún otro Tribunal que no se han podido cubrir y que han repercutido negativamente en su funcionamiento.
P. ¿Cómo valora el proceso de selección del nuevo presidente del TSJCyL? ¿Cree que debería reformarse de alguna manera?
R. Los procesos de selección que hace el Consejo General del Poder Judicial son procesos abiertos, presididos por el principio de transparencia y resueltos con arreglo a los principios de mérito y capacidad. Todos los jueces que aspiran a un puesto se presentan en igualdad de condiciones y tienen que someterse a una entrevista en la que defienden sus méritos curriculares y las resoluciones más destacadas que hayan dictado a lo largo de su vida profesional.
P. ¿Qué cualidades considera imprescindibles en un presidente de un Tribunal como el que usted ha presidido?
R. En un puesto gubernativo como éste, en el que se ejercen funciones jurisdiccionales, pero también representativas, inspectoras y de gobierno, el perfil idóneo debe de combinar una óptima formación jurídica con un carácter abierto y permeable a las necesidades de quienes trabajan al servicio del Poder Judicial.
P. ¿Qué reformas urgentes necesita el sistema judicial español para mejorar su eficiencia e independencia?
R. Una cosa es la eficiencia y otra la independencia. Y deberían buscarse fórmulas para mejorar ambas. Trabajamos con un mapa judicial diseñado en el siglo XIX y creo que debe ser superado sin que ello signifique la desaparición de las sedes judiciales en los actuales partidos judiciales; pero el trabajo telemático debería de ayudarnos a formular otro diseño más actual y funcional.
La independencia se protegería devolviendo a la Carrera Judicial la posibilidad contemplada en la Constitución de 1978 de designar a los doce vocales de procedencia judicial en el CGPJ, máximo órgano de gobierno de los jueces.
P. ¿La recién aprobada la Ley Orgánica 1/2025, que introduce reformas significativas en el sistema judicial es la solución al atasco en la justicia, o no hará más que agravar el problema?
R. La nueva Ley, entre otras cosas, sustituye los actuales Juzgados por los llamados Tribunales de Instancia. Además, desarrolla un nuevo diseño de la oficina judicial, que en nuestro territorio ya se conoce en Burgos, León, Ponferrada, Palencia y Segovia.
Se trata de un nuevo sistema que, con una mayor exigencia de trabajo, requiere un mayor número de personal, pero arroja unos plazos de resolución más largos que el anterior.
Si se pretende que funcione correctamente, debe decidirse de una vez por todas aumentar la inversión económica en Justicia.
P. ¿Considera que la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial ha dañado la imagen de la justicia ante la ciudadanía?
R. El bloqueo que ha sufrido el CGPJ por el interés de los partidos trasladó a la ciudadanía una idea de contaminación política que no es buena ni para la propia institución, ni para los profesionales que trabajamos en Justicia, ni para el crédito de España, que ha tenido que padecer varios requerimientos de la Unión Europea por no ajustarse a los estándares exigidos en este sentido.
P. ¿Qué planes tiene tras su retiro? ¿Seguirá vinculado de alguna manera al ámbito jurídico o judicial?
R. No me retiró aún; lo haré cuando me llegue la edad de jubilación, para la que me faltan aún nueve años, si Dios me da salud para llegar a ella.
Cuando tome posesión quien va a sucederme en la presidencia, me incorporaré como magistrado a la Sala de lo Civil y Penal del propio TSJ en la que pienso seguir ejerciendo la función judicial, que es para la que estoy preparado y a la que mi vocación me llevó hace ya muchos años.
