El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, instó ayer a los grupos de la oposición en las Cortes a iniciar de inmediato la reforma del Estatuto de Autonomía para “blindar” y conferir “norma de rango superior” a las políticas sociales, fortalecer el papel de las entidades locales y garantizar la calidad democrática en las administraciones públicas.
De Santiago-Juárez, durante su intervención en las Cortes para desgranar sus principales objetivos para la legislatura, situó la reforma del Estatuto como prioritaria a fin de incluir en ella el sistema de servicios públicos de responsabilidad pública, la Red de Protección a las Personas y Familias, la fijación de un suelo de gasto social y el reconocimiento del papel de las entidades locales como prestadoras de servicios de proximidad.
Y es que el titular de Presidencia fijó para la segunda quincena de septiembre el tope máximo para el inicio del proceso mediante un trabajo conjunto, dada la “complejidad del mismo porque requiere de mayorías cualificadas y pasar por las cámaras Alta y Baja”, advirtió.
Además, en materia de regeneración democrática y calidad política, prevé impulsar tres normas con rango de Ley: el regulador del ejercicio del alto cargo de la Administración Autonómica; la modificación de la Ley de Gobierno, y el Anteproyecto de Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo.
En el primer caso, anticipó la inminente aprobación de un código ético, de austeridad y buenas prácticas de sus altos cargos, que formará parte de la regulación del desempeño del ejercicio de alto cargo, mientras la modificación de la Ley de Gobierno supondrá limitar a ocho años los mandatos de los consejeros e incluir la celebración periódica de consejos de dirección de las consejerías en distintas zonas de la Comunidad reservando un tiempo para recoger sugerencias y propuestas de los ciudadanos y organizaciones sociales.
En cuanto a los afectados por el terrorismo, antes de julio de 2016 se habrá elaborado el anteproyecto de Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que contemplará la creación de un Comisionado, regulará un régimen de reconocimientos, derecho a asistencia jurídica y el apoyo al movimiento asociativo.
La transparencia en el área económico financiera es otra de las medidas, fundamentalmente respecto de los contratos de la Administración regional, incluidos los menores. En este sentido, el consejero entiende que la transparencia “puede ser un antídoto contra la corrupción, pero no es su principal objetivo, pues la información genera participación de los ciudadanos en las políticas”.
Otro de los pilares se centrará en una reforma en profundidad de la Función Pública y la mejora de las condiciones laborales de sus empleados. En el primer año, se intentará alcanzar un gran acuerdo para mejorar las condiciones laborales e incrementar las expectativas de desarrollo profesional de este colectivo.
Así, el Gobierno autonómico negociará, desde el 15 de septiembre, un nuevo Convenio Colectivo para el personal laboral, y aprobará próximamente el Plan de Prevención de Riesgos Laborales para lo que se convocó ya al Comité Intercentros de seguridad y Salud.
