El consejero de Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez reclamó ayer “un amplio consenso político” entre los partidos de Castilla y León sobre la ‘Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el Territorio’, a la que consideró “un proyecto de comunidad” que “no debe de estar sometido a los vaivenes electorales” y “tiene que perdurar en el tiempo”. A su juicio, sería “una frivolidad” que el Gobierno del PP utilizara la mayoría absoluta que dispone en las Cortes Regionales para aprobar dicha ley sin antes negociar con el resto de los partidos . En referencia a las formaciones políticas con representación en las Cortes Regionales, subrayó que “todos tenemos que poner de nuestra parte para conseguir ese gran acuerdo político”.
Casi un mes después de que el Consejo de Gobierno aprobara el proyecto de Ley de Ordenación, el consejero de Presidencia afirmó estar realizando un “esfuerzo pedagógico” para explicar el alcance del documento. En ese sentido, ayer mantuvo en Segovia una reunión a la que acudieron los delegados territoriales de Valladolid y de Soria, así como el anfitrión, quienes estuvieron acompañados por los diferentes jefes de servicio. Al final de la misma, De Santiago-Juárez declaró a los medios de comunicación que el primer objetivo de la ley es “garantizar la prestación de servicios esenciales, especialmente en el ámbito rural”. El portavoz de la Junta advirtió que agentes externos que han examinado en los últimos años el funcionamiento de la Administración Regional han concedido “notas muy destacadas” a sus servicios sociales, de sanidad y educación, agregando a renglón seguido que el Gobierno presidido por Juan Vicente Herrera “quiere mantener ese nivel, sobre todo en el mundo rural”.
Para De Santiago- Juárez, la segunda meta de la ley es la de “hacer la vida más cómoda a los ciudadanos”, de forma que se elimine burocracia, simplificando las tramitaciones. Por último, el consejero de Presidencia sostuvo que la ley busca “apoyar el municipalismo”. Con respecto a este último punto, criticó a quienes entienden que la labor de los municipios se reduce a “sacar la imagen de la patrona el día de la fiesta o mantener limpio el cementerio el día de Todos los Santos”. En contraposición a esta teoría, De Santiago-Juárez defendió que el municipalismo que persigue la ley es el de “encomendar a los municipios aquellos servicios que pueden hacer bien”. Según recalcó, en el proyecto de ley “se reservan competencias que tienen que ejercer todos los municipios, por pequeños que sean”, por lo que los municipios no deben de temer que cuando entre en vigor el texto queden vacíos de competencias, como han pronosticado los partidos de la oposición.
“¿Cómo va a ser impropio que un municipio vele por la salud de sus ciudadanos?”
En su defensa del municipalismo, el consejero de Presidencia no se escondió a la hora de hablar de las denominadas ‘competencias impropias’, lanzando una pregunta que mostraba a las claras su opinión sobre este asunto. “¿Cómo va a ser impropio que un municipio se dedique a velar por la salud de sus ciudadanos?”, interrogó, para dar a continuación una respuesta, (“lo impropio sería que desentendiese”), con la que se posicionó a favor de que los municipios desempeñen algún papel en ese ámbito. De Santiago-Juárez indicó que la ley crea una nueva “herramienta”, las ‘mancomunidades de interés general’, entendidas como asociaciones voluntarias de municipios para la prestación de servicios, que permitirán, por una parte, mantener la calidad de los servicios que se ofrecen, y, por otra parte, lograr el equilibrio presupuestario que perseguía la reforma de la Constitución realizada en 2010.
Futuro de la ley
De Santiago-Juárez evitó hablar del mapa de las ‘Unidades Básicas de Ordenación’ que contempla la ley, al advertir que en el proyecto de ley “se recogen los criterios para elaborar ese mapa” pero podrían modificarse durante el actual proceso de búsqueda del consenso. Lo que sí avanzó el consejero de Presidencia fue que en la ley “se respetarán” las singularidades territoriales de cada provincia, en referencia a las comunidades de villa y tierra existentes en Segovia. De Santiago-Juárez también informó que en la elaboración del mapa de ‘Unidades Básicas de Ordenación’ tendrán un papel destacado las delegaciones territoriales, que previamente solicitarán informes a las diputaciones. La propuesta de las delegaciones territoriales será remitida a la consejería de Presidencia. Para garantizar la participación, la propuesta final se someterá a audiencia de los municipios y a información pública, para que los ciudadanos puedan presentar alegaciones.
