El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, mantuvo esta mañana una reunión con los nueve presidentes de las diputaciones provinciales de Castilla y León para abordar el nuevo paso que ha dado el Ejecutivo autonómico en el modelo de ordenación del territorio. De Santiago-Juárez les recordó que, tal y como informó el presidente en el Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular, el Proyecto de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio se enviará a las Cortes antes del 31 de diciembre, siguiendo así una línea de coherencia con el proyecto nacional.
Tras la reunión mantenida con la Mesa de Ordenación del Territorio el pasado 29 de octubre, el consejero de la Presidencia presentó hoy a los presidentes de las diputaciones el esqueleto de la futura Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad, en la que se establecerá la aprobación del mapa de unidades básicas a través de un decreto que será sometido a información pública.
De Santiago-Juárez señaló que este proyecto fijará el proceso para cerrar una definitiva y completa ordenación del territorio de Castilla y León, en la que deberán converger progresivamente los servicios públicos prestados por la Junta, con el fin de mejorar la eficiencia de los mismos, así como la calidad y el bienestar de los ciudadanos. Asimismo, regulará las asociaciones voluntarias de municipios con el objetivo básico de reforzar el municipalismo y lograr una mayor eficiencia de los servicios públicos que prestan las corporaciones locales.
Finalmente, recalcó a los presidentes de las nueve diputaciones que es importante que los alcaldes y concejales no tengan dudas sobre el modelo de ordenación del territorio, ya que muchas de las aportaciones recibidas vienen de la confusión por la creación de una nueva estructura administrativa o por considerar que puede suponer una carga económica más. De Santiago-Juárez explicó que el modelo que propone la Junta preserva la autonomía municipal, garantiza la calidad de los servicios en el medio urbano y rural, y moderniza las funciones de las diputaciones provinciales para adecuarlas al nuevo modelo de ordenación.
