Empezamos la semana con la noticia desde Bruselas sobre la declaración de “guerra” a las clases populares con la anunciada muerte de los motores de combustión y la prohibición de vender vehículos de diésel o gasolina a partir de 2035 y, por ende, la prohibición de circular por vías urbanas, tal y como sucede en Madrid capital, donde los vehículos diésel matriculados antes de 2006 y los de gasolina matriculados antes de 2000, no pueden circular por dentro de la almendra de la M-30. Una medida introducida por el alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida, ese mismo que llevaba en su programa electoral la promesa de acabar con el Madrid Central de Carmena para después calcar el proyecto de su antecesora.
Esta medida se reproducirá en la mayoría de las capitales de provincia, impidiendo a muchos comerciantes y transportistas ejercer su trabajo.
Por otro lado, también desde Bruselas y después de unas semanas intensas respecto a la ley del aborto y las declaraciones de Feijoó, esta semana el PP europeo votaba a favor de que la causa provida sea considerada violencia de género, una decisión que vista la deriva del partido de Génova, ya no nos sorprende.
A su vez, en el Congreso esta semana VOX presentaba una iniciativa para que los prófugos golpistas no puedan presentarse a las elecciones ni ser cargo público. Es imprescindible que reine el sentido común frente a la arbitrariedad, el totalitarismo y la delincuencia. Una vez más, el PSOE junto con todos los enemigos de España han tumbado una iniciativa que beneficia a aquellos que quieren destruir España.
También hemos reclamado la utilización del referéndum como instrumento de participación política, porque los gobernantes deben gobernar con el consentimiento de los gobernados, algo que en España se ha producido en contadas ocasiones.
En este sentido, hemos reclamado un referéndum para que los españoles puedan decidir si quieren que el agua llegue a todos los españoles o, si por el contrario, pretenden continuar con el actual sistema que genera insolidaridad y escasez en algunos lugares de España.
Finalmente, con la aprobación de la ley trans a su paso definitivo por el Congreso, VOX se ha opuesto contundentemente porque supone una intromisión en la voluntad de los menores -a partir de 12 años- que serán hormonados en el “mejor” de los casos sin tener en cuenta los preceptivos informes médicos multidisciplinares de la disforia de género, y llevará, en muchos casos, a una situación patológica irreversible cuando el menor al llegar a la pubertad se arrepienta de la decisión tomada.
Plataformas como el colectivo QUEER captan a través de las redes sociales y otros medios, a preadolescentes en procesos psicológicos complicados por diferentes motivos, haciéndoles creer que el problema que tienen es que no se identifican con su sexo y comienzan a hormonarse convencidos de su disforia de género.
Pues, ante tal evidencia, resulta sorprendente que leyes como la aprobada en el Congreso se estén aplicando en la Comunidad de Madrid desde 2016, donde el PP de Ayuso no apoyó la derogación de la ley trans que VOX presentó en la Comunidad.
Ante esta situación, VOX se queda sólo una vez más y muestra coherencia con lo que dice en Madrid, Bruselas y en Marte. Otros no pueden decir lo mismo.
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(*) Diputado Nacional de Vox por Segovia.
