Educación pública y concertada (y II): El ejercicio de la libertad
En esta segunda entrega, una serie de padres y madres de familia queremos seguir dando nuestra opinión en defensa del sistema mixto de educación vigente en nuestro país; esta vez olvidándonos de datos para centrarnos en lo verdaderamente importante: la libertad. La libertad de las instituciones de la sociedad civil para ofrecer servicios de enseñanza, la libertad de los docentes en el ejercicio de su profesión y, sobre todo, la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos.
Recordemos que nuestra intervención surge como respuesta a un reciente artículo en el que la formación política Izquierda Unida vuelve a cargar, en plena campaña electoral, contra uno de sus demonios familiares: la existencia y la buena salud de la educación concertada.
El tema no es nuevo. Y la intención tampoco. Es muy propio de estos tiempos el que algunas opciones políticas intenten con una reiteración muy bien calculada (cuan gota malaya) forzar corrientes de opinión en la sociedad para, simplemente, retorcer la realidad intentando que ésta acabe entrando en la horma estrecha de la ideología propia. Cuando, precisamente, a las personas que pretenden trabajar en lo público habría que exigirles lo contrario: que aporten sus ideas (ideologías aparte) para dar sentido a la realidad social y mejorarla. De esta manera, sí serían servidores públicos, que es lo que la sociedad demanda de ellos.
Vivimos en un mundo en el que la comunicación es imprescindible y, cada vez más, nos estamos sumergiendo en un tipo de comunicación basada en emociones, algo que nos llega desde el mundo comercial, del ocio y de la política. Hace cosa de seis meses, el conocido historiador e hispanista John Elliott presentó su libro “Catalanes y escoceses: unión y discordia”. En una de las entrevistas de promoción, el profesor recapacitaba acerca de cómo las emociones negativas sirven para alentar conflictos. Conflictos que no eran tales hace años pero, por mor de intereses partidistas, han derivado en enfrentamientos entre modelos y formas de concebir la sociedad y la convivencia.
¿Qué subyace en el pertinaz empeño de algunos en borrar del mapa el actual sistema concertado de educación? Queda a su imaginación. Lo que es claro es que, en la sociedad segoviana, la educación pública y concertada coexisten con toda naturalidad y van de la mano, dando un buen servicio a todos. No existe conflicto alguno en la calle, hagan la prueba. Quizá sólo en las figuraciones de algunas personas que necesitan una continua dialéctica polemista en su día a día. Los problemas de la educación en España, estamos convencidos, no devienen por causa del modelo mixto actual, sino de otras carencias mucho más profundas que van desde la escasa natalidad a un sistema de valores que ha perdido el paso respecto al desarrollo tecnológico.
Ángel Galindo, en uno de sus numerosísimos y afinados artículos sobre ética y sociedad publicados en este periódico (nos referimos, claro está, a don Ángel Galindo García, catedrático de Moral Social), afirmaba hace unos años en uno titulado “educación y futuro” que, en una sociedad verdaderamente democrática, son las instituciones profesionales y los padres quienes han de llevar las riendas de la orientación educativa y que, de ninguna manera, le corresponde a la ley ni al Estado las formas concretas de educación. Y concluía manifestando que los planes educativos han de evitar los subjetivismos y los dirigismos estatalistas e ideológicos, porque siempre ocurre que la ideología predetermina la educación frente a una oferta libre de enseñanza.
En resumen, ¿quién es el Estado o quiénes son los políticos para decidir en nombre de los padres la educación que queremos para nuestros hijos? Esta pregunta, no por muchas veces repetida pierde por ello su gravedad. Hay en juego mucho más que una mera elección de centro. Está sobre la mesa el modelo de sociedad que queremos darnos, en donde la iniciativa y la libertad del individuo y las entidades civiles sean los verdaderos protagonistas frente a un Estado necesario en su papel regulador y subsidiario, pero que no ha de ir más allá de esta labor. El Estado ha de servir a la sociedad y no al revés.
También es bien conocido que la Constitución Española garantiza el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza en su artículo 27. Así, las familias eligen para sus hijos un centro ya sea público o concertado según sus principios, su cercanía al lugar de trabajo, sus horarios o simplemente porque así lo han elegido sin necesidad de más justificaciones. Cuando matriculamos a nuestros hijos, al menos hasta ahora, no se nos piden explicaciones de por qué en un centro u otro. Estaría bueno. Es como el que desea afiliarse a un partido político, a un sindicato o a cualquier tipo de asociación. Lo hace por sus convicciones y a nadie ha de rendir cuentas. No permitamos que se nos arrebate esta libertad.
Hemos de admitir que, en el maremágnum político actual, no todas las opiniones son entusiastas con nuestra Constitución. Algunas opciones políticas claman por una revisión a fondo de la misma. Es legítimo. Por ello, para poner en toda su dimensión el tema que estamos tratando, proponemos fijarnos en otro documento superior a las constituciones nacionales y que, como ninguno, suscita el consenso más absoluto a uno y otro lado del espectro político y que nadie es capaz de cuestionar. Es un punto de encuentro para todos. Nos referimos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recientemente y sin hacer mucho ruido, ha cumplido 70 años de vida y vigencia.
Verán qué curioso. Su artículo 26 está dedicado a la educación. Tras afirmar el derecho a la educación de toda persona y que aquélla tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, dice textualmente en el apartado 3: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Así de claro, así de simple. Y lo que es mejor, leamos juntos el artículo 30 y último de la Declaración. Dice así: “Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado (…) para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”.
¡Ahí es nada! Resulta que es universalmente admitido el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y el Estado, fíjense bien, no tiene derecho alguno a conculcarlo. La pregunta es inmediata: señores que abogan por la supresión de la educación concertada, ¿están de acuerdo o no con estos enunciados de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Porque el cargar contra todo tipo de iniciativa educativa que no parta del Estado es muy fácil, esgrimiendo motivos ideológicos. El oponerse a lo consignado en la Constitución, hasta tiene su público. Pero el querer incumplir flagrantemente los Derechos Humanos cuesta un poquito más de explicar. Definitivamente, no queda bonito. ¿Qué piensan hacer?
Volvemos al punto de partida con el que comenzamos nuestro cuarto a espadas sobre el modelo educativo en la primera de las entregas: vivimos en un país de libertades y las libertades están para ejercerlas. La frase no es nuestra. La pronunció hace unos días el Obispo de Segovia, D. César Franco, a la sazón presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española que, en razón de su cargo, algo tiene que decir en esta materia y suele decirlo bien.
Para acabar, no podemos dejar de hacer un comentario sobre una noticia muy reciente que es enormemente significativa y sirve para cerrar estos modestos artículos. La Secretaría de Estado de Migraciones ha pedido ayuda a Escuelas Católicas, la organización que agrupa a los centros católicos de enseñanza, para que ceda espacios y recursos materiales y humanos para atender al cada vez mayor número de inmigrantes que piden protección internacional en España ya que la estructura del Estado, incluyendo ayuntamientos, está desbordada para dar respuesta a estas necesidades. ¿Qué les parece? Las escuelas católicas, tan denostadas y tan poco gratas al Estado, han de ser subsidiarias del mismo, porque éste es incapaz de resolver un problema. El mundo al revés. Mucha foto, muchos carteles al viento y muchas palabras bonitas, pero quien ha de echar una mano para solucionarlo es la Iglesia, que vuelve a prestar un servicio público a la sociedad. Como hubiera dicho el bueno de Forges: “sintomático”.
