Baltasar Gracián, uno de los literatos más insignes del Siglo de Oro español, no dudaba en afirmar en una de sus obras que «la confianza es madre del descuido». La visión pesimista sobre la naturaleza humana que el autor de «El Criticón» reflejaba en sus obras quedó reflejada ayer en la vista oral celebrada ayer en la Audiencia Provincial para dirimir la responsabilidad de un matrimonio segoviano en un presunto delito de estafa hacia un empresario ganadero, que tras una maratoniana sesión de cuatro horas quedó visto para sentencia.
El uso o el abuso de confianza entre el querellante y los querellados fue el eje en el que se basaron tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, que mantuvieron su petición de seis y siete años de prisión para los dos acusados, así como una indemnización por responsabilidad civil de 336.066 euros, correspondiente a la deuda que el empresario reclama a los dos acusados.
Por su parte, la defensa de los acusados solicitó la libre absolución, por considerar que las pruebas aportadas no avalan las tesis de la acusación, y aseguró que los acusados han sido víctimas de un supuesto ‘broker’ perteneciente a una compañía especializada en inversiones bursátiles que también dejó en la estacada a los acusados.
En su testimonio ante el magistrado Ignacio Pando, presidente de la Audiencia Provincial, J.M.A.M., negó mantener una relación de amistad con el denunciante, al que aseguró que conocía tras coincidir varios años trabajando en la misma empresa, y al que encontró en 2003 de forma fortuita en una romería. De aquel encuentro surgieron otros de forma esporádica, y en uno de ellos, el acusado comentó al empresario la posibilidad de realizar inversiones en bolsa, basadas en su propia experiencia de pequeño inversor que le había reportado beneficios que aseguró le proporcionaban la posibilidad de realizar «gastos extraordinarios» como salir a cenar o pequeños caprichos.
El acusado aseguró que estas gestiones las realizaba a través de una agencia de inversión llamada International Broker, radicada en Estepona (Málaga), que conoció a través de una llamada telefónica, y que tenía como contacto a una persona a la que identificó en el juicio como «el señor Gibson», con quien trataba telefónicamente sobre las inversiones. De hecho, señaló que los beneficios de las operaciones bursátiles le llegaban «cada tres o cuatro meses» a través de otra persona en un sobre a su nombre con dinero en metálico. Así, señaló que el empresario quiso participar en este juego bursátil y para ello le entregó distintas cantidades de dinero entre 2006 y 2008 , pero sin documentación formal de ninguna de las operaciones. Sobre este aspecto, reconoció que firmó algunos recibos pero indicó que no se formalizaron otro tipo de documentos en base a la «confianza» demostrada con la agencia.
Asimismo, explicó que su esposa, que en aquella época trabajaba en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como secretaria en uno de los departamentos de este organismo, no conoció estas actividades hasta tres años después, en 2011, cuando el empresario requirió la devolución de algunas de las cantidades aportadas.
Por su parte A.M.M.S., esposa del denunciado y también imputada por este delito, manifestó no haberse aprovechado de su condición de empleada en la CNMV, y explicó a la sala que este organismo controla la actividad bursátil pero no tiene capacidad para llevar a cabo operaciones.
Además, precisó que ella no tiene ningún tipo de información privilegiada ya que este organismo dispone de una serie de filtros que impiden el acceso, y señaló que conoció la actividad inversora de su esposo al confesarle éste los problemas que habían derivado las inversiones realizadas, que les obligaron a intentar vender el piso en el que residían para resarcir la cantidad adeudada al empresario.
En su alegato final, el acusado aseguró que su único error fue «darle el dinero a una persona que no me había fallado nunca y que ahora ha desaparecido», y aseguró que durante este tiempo «he intentado dilatar en el tiempo la solución y no lo he podido conseguir».
F. M., el empresario que presentó la querella, y sus tres hijos, que declararon en calidad de testigos, aseguraron que el matrimonio les visitó en varias ocasiones para plantearle la posibilidad de invertir, y aseguraron que fue A.M.M.S. quien llevó en todo momento la negociación apelando a sus conocimientos sobre el mercado bursátil derivados de su trabajo en la CNMV. Asimismo, señaló que decidió invertir movido por la «confianza» que tenía en J.M.A.M., sobrino de un íntimo amigo suyo, así como por los supuestos beneficios que éste le prometió, y que cifró «entre un 10 y un 20 por ciento».
En sus conclusiones finales, la fiscal y el letrado de la acusación particular, Ángel Gracia, sostuvieron que las explicaciones dadas por los acusados son «insostenibles», y consideraron que las pruebas aportadas por la acusación demuestran que la pareja «abusó de la confianza» del querellante para llevar a cabo las inversiones. El abogado fue más allá y definió el caso como «una estafa de libro», asegurando que el querellante es «un mirlo blanco, al tratarse de una persona con pocos estudios, mucho dinero y que confió en un amigo y en la cualificación de su mujer» para llevar a cabo las inversiones.
El abogado defensor, Octavio José Labrador se ratificó en su petición de absolución para los querellados, y puso en duda la capacidad del empresario para no discernir la posibilidad de una estafa. Así, aseguró que «no podemos entender que a una persona experimentada, un empresario, se la den con queso con una estafa tan pueril», y aseguró que tanto el querellante como sus defendidos fueron víctimas del engaño de un bróker al que definió como «estafador profesional», ya que la agencia inversora con sede en la ciudad malagueña ha desaparecido.
La decisión judicial, que se hará pública en los próximos días, determinará el castigo que tendrá el uso, el abuso o el exceso de confianza.
