El grado de aceptación de las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas se incrementa este año hasta el 72 por ciento, 18 puntos más que hace un año. Así figura en el informe de seguimiento de recomendaciones de 2024 aprobado este lunes por el Pleno del Consejo de Cuentas, un trabajo que realiza la institución que preside Mario Amilivia para testar si los entes auditados en el ejercicio precedente cumplieron, a partir de lo manifestado en los últimos meses en sus contestaciones, con las recomendaciones incorporadas a los informes de fiscalización aprobados por el Consejo.
Este trabajo se realiza por ley desde 2013, para analizar si los ayuntamientos, diputaciones, entidades locales menores y la administración autonómica aplican adecuadamente las aportaciones del Consejo para la mejora de la gestión pública.
Las recomendaciones no son vinculantes y por tanto su cumplimiento revela una voluntad de mejora de la gestión de los recursos públicos y un compromiso con la transparencia. El grado de aceptación, con las contestaciones analizadas este año, refleja un porcentaje que tiene en cuenta tanto las cumplidas total o parcialmente como aquellas en las que solo se manifiesta su conformidad. Hace un año, el seguimiento de las sugerencias o avisos realizados por el Consejo anotó un grado de aceptación del 54 por ciento. Este informe evalúa además por primera vez la importancia cualitativa de las recomendaciones, su alcance, impacto potencial o grado de incidencia en la mejora de la gestión pública.
Análisis
En 2024 se aprobaron 14 informes de fiscalización con 205 recomendaciones, de las cuales fueron objeto de análisis sobre su aceptación o cumplimiento 148 de estas, contenidas en 10 informes. El grado de aceptación alcanzó el 72 por ciento (107), siendo destacable que el mismo porcentaje se alcanza también en las recomendaciones consideradas como de relevancia alta, e incluso llega al 88 por ciento en aquellas que se formularon para la fiscalización de la contratación administrativa de la Comunidad.
El grado de aceptación por administraciones es el siguiente: las diputaciones un 80 por ciento, los municipios un 63 y la Junta de Castilla y León, un 60 por ciento.
En cuanto al cumplimiento de las aportaciones del Consejo por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, se considera que fueron aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 60 de las 148 analizadas, lo que representa un porcentaje del 41 por ciento. De las 88 no aplicadas, 47 (un 32 por ciento del total) fueron tomadas en consideración, es decir, aceptadas en su contenido a pesar de no haber sido puestas en marcha aún.
En el acumulado de los 12 años en los que se lleva realizando este trabajo, han sido aplicadas total o parcialmente 1.176 recomendaciones de las 2.469 analizadas, lo que representa un 48 por ciento para el periodo 2013-2024. Con relación al porcentaje de cumplimiento, este sigue siendo muy heterogéneo: los municipios el 47 por ciento (18 de 38); la Junta el 48 por ciento (12, de 25), y las diputaciones provinciales el 35 por ciento (30 de 85).
A nivel cualitativo, son relevantes los efectos producidos en el caso de las medidas tomadas para acelerar el reparto de fondos específicos entre las entidades de la Cuenta General que los va a gestionar, así como la correcta imputación presupuestaria que ya se está efectuando de los ingresos provenientes de la liquidación definitiva de las entregas a cuenta y los fondos de convergencia derivados del sistema de financiación.
Las sugerencias también han tenido efecto en algunas consejerías para tratar la posible imposición de penalidades a los contratistas, en relación con los contratos basados en los acuerdos marco de servicios de limpieza y de vigilancia, así como en la redacción de los pliegos para mejorar los requisitos de solvencia.
En el ámbito local, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guijuelo realizó la clasificación del puesto de tesorería como reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y se está intentando su provisión.
El impacto de las recomendaciones también se nota en las diputaciones, como la de Salamanca, mejorando la redacción de los pliegos para corregir la forma de valoración de las ofertas económicas.
