Con los votos favor del PP y del Grupo UPL-Soria Ya y la abstención de PSOE y Vox, la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes aprobó este lunes el Plan Anual de Fiscalizaciones 2026 por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, que incluye 18 nuevos trabajos, con 17 fiscalizaciones y el informe anual de seguimiento de las recomendaciones.
Según explicó el presidente del Consejo, Mario Amilivia durante su presentación, entre los nuevos trabajos se contempla una fiscalización especial mediante la que se analizará el ejercicio de la política de vivienda por parte de las entidades locales, con un enfoque evaluador sobre la planificación y comprobando las medidas adoptadas.
Además, al tratarse de un año con elecciones autonómicas, se incluye también el examen de la contabilidad electoral. Otra novedad de fiscalización para 2026 es la referida a la evaluación de las campañas exigida por la de Ley Publicidad Institucional de Castilla y León. En este sentido, Amilivia recordó a tal efecto que la reforma de la ley de publicidad institucional establece en su artículo 13 que se realizará un informe de evaluación de cada una de las campañas de publicidad institucional elaborado por el Consejo de Cuentas, que tenga en cuenta el análisis previo al lanzamiento de la campaña, los resultados, el impacto de la campaña en la audiencia y en la propia organización.
No obstante, apuntó que dado que la Junta contemplaba para el presente ejercicio más de un centenar de campañas, resultaría imposible para el Consejo de Cuentas, con sus medios materiales y humanos, acometer todos los informes. Por este motivo, explicó que el Pleno del Consejo llegó a la conclusión de plantear dos trabajos.
Por otra parte, en cuanto a las fiscalizaciones especiales, el Plan anota cuatro informes del sector público autonómico y seis del sector público local. En el ámbito de la Comunidad, el primero es el análisis del endeudamiento de la Administración autonómica, ejercicio 2025, separado del de Cuenta General. Esta auditoría incluirá un análisis de la evolución de la deuda pública de la Administración de la Comunidad y su impacto en la Cuenta General rendida.
