Cuatro de cada diez autónomas de Castilla y León cree que su negocio no superará la crisis por lo que el índice de superviviencia de sus empresas se sitúa en el 5,91 sobre diez, aunque las más pesimistas son las burgalesas. De esta forma, el 8,7 por ciento de las emprendedoras de la Comunidad considera que son «bajas» las posibilidades de que su empresa se sobreponga a las dificultades económicas, por lo que unas 8.143 podrían cesar en su actividad, lo que pondría en riesgo 24.000 empleos.
Así se desprende del estudio ‘Las mujeres autónomas de Castilla y León. Diagnóstico de la situación actual’, que presentó ayer el presidente de la Federación de Autónomos de Castilla y León (Feacyl), Javier Cepedano, quien precisó que en la Comunidad una de cada cinco mujeres que trabajan (18%) es empresaria autónoma. Además, dentro del colectivo de empresarios representan un 30%. En el mes de enero se contabilizaron 63.839 emprendedoras frente a las 309.755 inscritas en el régimen general.
En ese sentido, el informe indica que las autónomas de Burgos y Salamanca son las que más creen en la superviviencia de su empresa, frente a las segovianas. Destaca también que el 50,8 por ciento de las empresarias de la Comunidad cree que mantendrá su empresa a costa de la desaparición de otras y no porque se reactive la demanda. Además, las principales causas que identifican para el cese de la actividad son la caída del consumo y el empeoramiento de la situación económica.
En cuanto a la evolución de la situación económica en los próximos 12 meses, la mitad de las autónomas de Castilla y León asegura que no mejorará. Un 24,64% piensan que empeorará y sólo un 15% augura una mejoría. Por provincias, las más optimistas sobre la evolución son las burgalesas, las vallisoletanas y las segovianas y las más negativas, leonesas y palentinas.
Cepedano demandó ayudas «específicas» ya que las autónomas de la Comunidad consideras «salidas factibles» a sus problemas el trabajo en la red, la intercooperación y la subcontratación. Además, propuso «agilizar» la tramitación burocrática, «unificar» los puntos de información y asesoramiento, «facilitar» el acceso a la financiación y «desarrollar» líneas de financiación preferentes para mujeres empresarias en forma de microcréditos fundamentalmente. Por tanto, defendió la aplicación de medidas fiscales, como bonificaciones en los impuestos de sociedades y rentas físicas, así como en las contrataciones realizadas por autónomas durante su baja médica por maternidad.
