Las Cámaras de la Propiedad Urbana surgieron a principios del s. XX como entidades sin fin de lucro, con el objetivo de defender, amparar y fomentar los intereses generales de la propiedad urbana. Con una importante función social, entre sus múltiples actividades en defensa de la propiedad, las Cámaras habían ganado un recurso al Gobierno de Felipe González en 1987, don- de se declararon inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Medidas Urgentes de Financiación de las Haciendas Locales. Debido a ese recurso, el Estado tuvo que devolver 60.000 millones de pesetas a cuatro millones de propietarios. Esto irritó al Gobierno hasta el punto de decidir la disolución de las Cámaras de la Propiedad Urbana.
Sin embargo, esto no fue más que una actuación en el cumplimiento de los deberes de las Cámaras en relación a la defensa de la propiedad urbana. Lo mismo que se hacía cuando el Ayuntamiento presentaba nuevos planeamientos urbanísticos y la Cámara contrataba a un arquitecto urbanista y un abogado especializado con el objetivo de hacer las alegaciones necesarias con el fin de evitar situaciones delicadas o perjudiciales para los propietarios; y paralelamente, para mejorar el planeamiento de la ciudad. Por cierto, estas alegaciones eran especialmente res- petadas en los ayuntamientos porque eran muy profesionales y jurídicamente impecables. Cuán- tas veces recibimos el agradecimiento de personas a las que habíamos ayudado sin que nos lo pidiesen, y sin que tuvieran conocimiento de ello, simplemente cumpliendo con la obligación de defensa de todos los asociados.
La verdad es que en algunas provincias el famoso recurso costó algún disgusto al PSOE porque nos encargamos de explicarlo públicamente así como la razón de su presentación. En Segovia mandamos incluso a un administrativo con una máquina de escribir para que preparara los recursos pertinentes y se reembolsase el dinero cobrado indebidamente a las personas que lo desearan en los pueblos donde el recurso tuvo incidencia. En Segovia fueron unos pocos pueblos pero no la capital. Concretamente, Aldea Real, Cantalejo, Cantimpalos, Mozoncillo, San Cristóbal de la Vega, Sangarcía, San Ildefonso, Turégano y El Sotillo.
La realidad es que fue una sentencia muy comentada y tuvo mucha repercusión. Pero también tuvo su parte conflictiva: el Gobierno (sobre todo el complicado ministro Borrell, cuyo carácter y conducta eran difíciles de entender) se cogió un rebote absurdo y decidieron ir contra las Cámaras porque las consideraban un reducto de la derecha y muy incómodas para ellos.
Debido a ese enfado infantil más propio de repúblicas bananeras que de una democracia moderna, el Gobierno preparó su estrategia de tal manera que el año 1988 suprimió el carácter de exacción parafiscal de la cuota obligatoria, en 1989 la incorporación obligatoria y después intentó suprimir las Cámaras al socaire de la ley de Presupuestos de 1990. Pero tras un recurso de las Cámaras de la Propiedad, el Tribunal Constitucional decretó la nulidad porque no era adecuado utilizar los Presupuestos para este fin. Nosotros estábamos de acuerdo en la supresión de la cuo ta obligatoria, pero el Gobierno no dejó que siguiéramos con la modernización de las Cámaras aunque aquella obligatoriedad había dejado paso a la voluntariedad de afiliación.
Y yo viví toda aquella aventura en primera línea porque en aquellos momentos era presidente de la COPU de Segovia, Vicepresidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León, y vocal del Consejo Superior cuya sede estaba en la calle Claudio Coello de Madrid. Era una época en que el presidente del Consejo Superior tenía mucha fuerza y mucha credibilidad. Pero con el tiempo nos machacaron y ya he dicho cuál fue su estrategia. Además, en muchas provincias, entre ellas Segovia, desde el PSOE hicieron una campaña muy fuerte y con mucha dureza contra la Cámara de la Propiedad.
Finalmente, el Gobierno presentó el Real Decreto-Ley 8/1994 de 5 de agosto, de “Supresión de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana y su Consejo Superior como Corporaciones de Derecho Público y de regulación del régimen y destino de su Patrimonio”. Patrimonio cierta- mente importante en algunas provincias grandes.
Pues bien, el día 15/IX/1994 se vio en el pleno del Congreso de los Diputados el decreto para su convalidación o derogación y el grupo parlamentario popular me había designado su portavoz. Previamente, yo había hablado profusamente con todos los grupos y sabía que CIU y PNV votarían conmigo en contra de la derogación, pero PSOE e IU votarían a favor, con lo cual perderíamos la votación y la ganaría el Gobierno.
Ese día, desayunando en el Palace, vi una foto mía en ABC en “las caras de la noticia” con la siguiente leyenda: “El diputado del PP Javier Gómez Darmendrail solicitará hoy en el Congreso la derogación del decreto-ley de 5 de agosto sobre las Cámaras de la Propiedad Urbana, lo que ha levantado mucha expectación en medios políticos”. Su lectura aumentó mi preocupación por estar a la altura de lo que se esperaba de mí.
Cuando llegué al Congreso ya estaba en la tribuna de invitados una nutrida representación de presidentes de Cámaras subrayando el gran interés que había por el debate. La verdad es que me había preparado muy concienzudamente mi primer turno (turno en contra del decreto y de la intervención del ministro) y el turno de réplica por encima, a expensas de la intervención del portavoz del PSOE en defensa del decreto.
Empezó el ministro Borrell defendiendo el Real Decreto y después, al preguntar el presidente del Congreso si algún grupo deseaba utilizar un turno en contra, levantamos el brazo Albis- tur Martín por el Grupo Mixto, Mardones Sevilla por Coalición Canaria, Olabaría Muñoz por el Grupo Vasco (PNV), y yo mismo por el Grupo Popular. Los tres que me precedieron hicieron unas buenas intervenciones en contra de la convalidación del decreto y a favor de las Cámaras Oficia- les de la Propiedad. Ninguno justificaba la urgencia y entendían que había una invasión en las competencias de las comunidades autónomas. Pero pese a estar totalmente de acuerdo con ellos, cambié radicalmente el discurso y debo decir modestamente que estoy especialmente orgulloso de cómo enfoqué mi turno en contra, porque nadie se esperaba que saliera atacando al Gobierno por el uso abusivo que hacía del decreto-ley, de los datos que di y cómo defendí mis ideas con sólidos argumentos en ambas intervenciones. En todo caso, demostré que la desafortunada sesión no reunía los requisitos constitucionales de necesidad extraordinaria y urgente como para requerir la forma de un decreto ley. Como el debate se puede ver entero en el diario de sesiones del Congreso, no me extenderé en ello.
En el turno a favor intervino el socialista Roncero Rodríguez defendiendo la urgencia y la constitucionalidad del Decreto. Le contesté que las Cámaras habían sobrevivido con democracia, con dictadura, con monarquía, con república, con la guerra civil, con el franquismo, con la transición, con los sucesivos gobiernos de UCD, pero que algunos no deseaban que sobrevivieran al Gobierno González.
Manifesté que el motivo de la irritación del Gobierno contra las Cámaras venía de la sentencia de 17 de febrero de 1987. Dicha sentencia, que declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Medidas Urgentes de Financiación de las Haciendas Locales, obligó al Estado a de- volver 60.000 millones de pesetas a cuatro millones de propietarios. Entonces el gobierno, sin ningún tipo de diálogo y de la manera más antidemocrática, decidió su disolución. Y también le recordé que lo que habían hecho las Cámaras era sencillamente cumplir con sus deberes reglamentarios en defensa de la propiedad urbana por lo que no merecían la lenta agonía a la que les sometió: en 1988 suprimen el carácter de exacción parafiscal de la cuota obligatoria, en 1989 la incorporación obligatoria, y en 1990 se intenta suprimir las propias Cámaras. Muerto el perro se acabó la rabia.
Al terminar, recibí todo tipo de felicitaciones de mis compañeros, pero no pudieron aliviar mi tristeza porque el hecho es que perdimos la votación. Creo que se notó mi trabajo en mis dos intervenciones porque Borrell estaba nerviosísimo y mis compañeros y los otros portavoces muy atentos a mi exposición.
Al parecer, demostré con toda claridad que el uso y abuso del decreto ley cercena las facultades del Parlamento e impide una deliberación sosegada y la posibilidad de enmendar la pro- puesta como sucedería si se tratase de una ley; si además viene acompañado de unas prisas in- comprensibles, es muestra evidente de la tendencia despótica, sectaria y poco democrática del gobierno.
Al día siguiente, el ABC volvió con una foto mía en la tribuna, esta vez diciendo que el Congreso dio luz verde a la “defunción” de las Cámaras por 160 votos contra 145, y que yo había criticado con dureza el uso y abuso que el Gobierno hace al legislar mediante decretos.
A partir de entonces continuaron con su ataque directo a las Cámaras. En mi caso, un funcionario del gobierno civil se presentó en mi despacho de la Cámara y me pidió las llaves en nombre del gobernador. Le respondí muy ofendido que dijera al gobernador que ni viniendo él mismo acompañado por la guardia civil le entregaría las llaves de la Cámara. El presidente regional, Pedro García del Pozo, me dijo que habían venido a por mí el primero porque siendo diputado, si yo las entregaba, pensaban que a los demás sería más fácil de convencerlos diciendo que yo las había entregado.
Unas semanas más tarde, se llevaron a los administrativos de la Cámara y los convirtieron en funcionarios en otros puestos de la administración. A ellos les vino de maravilla, pero los presidentes nos quedamos solos en nuestros despachos sin nadie para trabajar y resolver los problemas cotidianos. Algo absolutamente surrealista e incomprensible y muestra de una vileza y una crueldad realmente inconcebible. Solo los presidentes sabemos lo que tuvimos que soportar durante un tiempo. Lo hablamos entre todos y decidimos volver a contratar gente, enfrentándonos ya directamente con el gobierno.
Fue una situación sumamente complicada y los problemas que tuvimos que resolver darían para escribir un libro. De todas formas, no todas las comunidades respondieron igual. Galicia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla la Mancha se rindieron sin dar la batalla. Yo hablé con Aznar y preparamos un nuevo recurso, aunque me avisó que sería el último. Al final, tras el recurso, pasamos a ser unas corporaciones dependientes de las autonomías (Cataluña, País Vasco y Castilla y León), pero ya sin ningún tipo de representación pública más allá de ser órganos de asesoramiento. Las Cámaras de Castilla y León estuvieron a punto de sucumbir con el gobierno socialista, pero la transferencia al Gobierno regional garantizó su supervivencia. Aunque ya nada era igual. Las Cámaras gozaban de un gran prestigio pero poco a poco las fueron ninguneando hasta hacerlas casi invisibles. Además, cada Cámara tuvo que buscarse la vida para seguir subsistiendo y sobre todo para poder mantener al personal. En la actualidad, la Cámara de Segovia se dedica fundamentalmente a la gestión de fianzas, al asesoramiento y a la administración de fincas.
En el camino surgieron algunas dificultades que fuimos sorteando
como pudimos, con tesón y gracias al buen trabajo de la gerente, Cristina Ramos, incansable en la defensa de las Cámaras, lo que todas las corporaciones reconocen. En el 2019 dejé la presidencia de la Cámara de Segovia.
