El levantamiento del secreto sobre otra porción del sumario del caso Gürtel que aún permanecía oficialmente reservada permitió ayer comprobar cómo buena parte de la trama tiene componentes mucho más mafiosos que políticos, hasta el punto de que los principales cerebros de la red, el propio Francisco Correa y el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, llegaron a urdir un plan desde sus celdas en Soto del Real para controlar la investigación judicial en un intento por minimizar sus condenas. Para ello contaban con la ayuda de sus abogados y de otros imputados de segunda línea, entre ellos el ex vicepresidente de Repsol José Ramón Blanco Balín.
La documentación del sumario revela que, tanto Correa -quien ordenó que se le citara en los documentos referentes a las empresas como Don Vito, protagonista de la película El Padrino- como Crespo, eligieron a «sus defensores en función de sus contactos dentro de los órganos judiciales».
En una de las conversaciones mantenidas con su letrado, el 24 de febrero de este año, el antiguo dirigente de los conservadores gallegos sugiere que le gustaría que la causa la llevara el Tribunal Superior de Madrid, ante la posibilidad de tener contactos con personas de dicho órgano.
Asimismo, Correa y Crespo dieron diversas órdenes para «el control de las declaraciones de los imputados», según consta en una de las grabaciones telefónicas. Desde el despacho de Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, representantes legales de Crespo, «se habla con todos los abogados de los imputados para vigilar las versiones a dar en las declaraciones en sede judicial», así como las comisiones rogatorias dictadas por el instructor de la rama madrileña del caso, Antonio Pedreira, a diversos países para averiguar el destino del dinero desviado a paraísos fiscales.
Ente los más de 17.000 folios entregados ayer a las partes destaca también la transcripción de una conversación que Crespo mantuvo en prisión con su esposa el 20 de febrero, pocos días después de su arresto. Durante la charla, que bien podría haber sido una especie de aviso a navegantes, puesto que el político gallego conocía perfectamente que estaría siendo controlada por los funcionarios penitenciarios, explica que en su día había hecho entrega al ex presidente de la Xunta Manuel Fraga de una copia de sus documentos sobre las cuentas del partido entre 1996 y 1999, de las que él era responsable.
Esta conversación se produjo dos días antes de que Crespo revelara a su abogado la existencia de una documentación que podría destapar irregularidades en la financiación del PP gallego entre 1996 y mediados de 1999.
«El lío que se puede montar es morrocotudo», le comentó el encarcelado a su letrado.
En todo caso, el propio ex secretario de Organización de la región atlántica admitió ante el juez Garzón que los posibles chanchullos no tienen vículo alguno con la actual dirección del PP, puesto que, en palabras de Crespo, los viajes que organizaba para «prácticamente todos» los dirigentes populares se «cortaron» desde finales de 2004, «cuando llega Mariano Rajoy a la dirección» del partido.
«Todo fue impecable»
El presidente de las Cortes de Castilla y León, el popular José Manuel Fernández Santiago, consideró ayer «insinuaciones insidiosas e infundadas» las informaciones que le implican en las presuntas ilegalidades cometidas en la adjudicación de un tramo de la denominada Variante de Olleros, un tramo de carretera que rodea a la localidad leonesa a una empresa perteneciente a la trama Gürtel, y reiteró que el procedimiento administrativo de aquella contratación es «absolutamente impecable». En una breve nota de prensa, el responsable de las Cortes regionales, que ocupaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta cuando se realizó la adjudicación de la mencionada obra, aseguraba que el expediente quedó «aclarado y detallado» en la sesión de la Comisión de Fomento celebrada el 3 de abril de 2009.
En aquella comparecencia, el actual titular de Fomento, Antonio Silván, demostró que el procedimiento se ajustó de manera escrupulosa a la legalidad, según insiste el comunicado, que recuerda que los trámites fueron avalados por el Tribunal de Cuentas en su informe de 2002, que no recoge reparo alguno. Por otro lado, Fernández Santiago argumenta que el expediente se puso a disposición de los grupos parlamentarios en un ejercicio de «máxima claridad y transparencia».
El desmentido del conservador llega después de que, siempre según un rotativo de tirada nacional, un nuevo informe elaborado por la Brigada Policial de Blanqueo, remitido al Tribunal Superior Madrid, implique al ex ministro autonómico y actual jefe del Legislativo regional en la adjudicación supuestamente amañada de la citada variante a la empresa Teconsa.
Según dicho dossier, la constructora, de origen leonés, pagó 72.000 euros en comisiones a Francisco Correa, quien habría distribuido dicha cantidad entre diversos cargos del PP, entre ellos el ex tesorero nacional de la formación de Génova Luis Bárcenas.
