Desde la más soberana imparcialidad, de la que presumo por mi falta de representación política, me entristece el desprestigio de las instituciones. La degradación del sistema judicial es cuanto menos lamentable. El único clavo al que cualquier ciudadano de a pie se puede agarrar cuando los políticos se exceden en sus funciones, vulneran la ley, ningunean nuestra confianza o se enriquecen ellos o sus familiares y amigos, desaparece a una velocidad muy preocupante.
Entonces, según la constitución, cada vez más insignificante e irrelevante, por lo que vemos cada día, la soberanía reside en pueblo español, del que derivan los poderes de Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Resulta que el Poder Legislativo corresponde a las Cortes Generales que, con suficientes apoyos o mayorías en el Congreso de los Diputados, es lo mismo que decir que legisla el Gobierno de la nación, es decir: el Ejecutivo.
El Poder Judicial se compone de veinte miembros elegidos por el Congreso de los Diputados (mayoría progresista) y el Senado (mayoría conservadora). De ahí el largo conflicto de intereses POLÍTICOS que ha retardado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es quien gobierna esta institución; pues de ello depende que luego esos jueces interpreten de una u otra manera las mismas leyes que han de ser para todos por igual; siendo una de sus misiones principales el control de la actividad del gobierno. ¿Soy el único que se da cuenta de la contradicción que esto supone y que hablar de independencia judicial es una utopía? Por cierto, lo preside el presidente del tribunal supremo.
Pues para más desconcierto e indefensión a la pataleta, el tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros (es decir, del Gobierno); cuatro a propuesta del Senado (hoy en día la oposición), con idéntica mayoría; otros dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, más de lo mismo. ¿Quién muerde la mano que le da de comer? Creo que a buen entendedor…
¿Qué queda de la renombrada independencia judicial? Dos poderes del Estado son irrelevantes ante el sometimiento al Ejecutivo, que legisla, decide y elige a los jueces afines, y al mayor partido de la oposición, sea quien fuere el de turno, que hace lo propio cuando le toca elegir a los suyos dentro de sus posibilidades e intereses, o en mayor medida si es mayoría en el Senado.
Conservadores y progresistas; así se los define con absoluta naturalidad. ¿Qué hay de la justicia independiente y real entre los jueces y ante los tribunales?
¿Cómo puede ser una cuestión de Estado ilegal para el Tribunal Supremo y lo contrario para el Constitucional, y viceversa, dependiendo quién se sienta en el trono del ejecutivo o en el Senado?
¿Cómo pueden depender de intereses políticos las decisiones judiciales que afectan a los políticos que nos gobiernan? De una u otra ideología, me es indiferente.
En los últimos años me sobran los ejemplos y asumimos como natural lo que es incomprensible y, sobre todo, INJUSTO.
¿Y la justicia? ¿Dónde queda? Es triste tener que reconocer que la política ha invadido por completo la justicia y es lo que hay. Reconozco que he tardado en abrir los ojos y me cuesta reconocer que todo es una burda mentira. Conservadores o progresistas. Eso es todo. Así que, teniendo controlados los altos tribunales, la impunidad está garantizada; mientras, incautos e ignorantes, creemos que, en una sociedad democrática como la nuestra, la justicia respalda nuestro estilo de vida. Pues no es más que una falsa bandera que hondea al soplo del gobierno de turno.
