El juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha acogido este lunes la declaración de un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, quien ratificó un atestado del que fue instructor y en el que se concluye que el sistema de concesión de estas ayudas “era conocido” por el Consejo de Gobierno.
En concreto el atestado, de mayo 2012, tenía el título de ‘Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010’. Así, explicó que llegan a esa conclusión en base a unos elementos, refiriéndose a las declaraciones en fase de instrucción del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, a los informes de la Intervención.
Fichas y modificaciones
También apuntó hacia la participación de los miembros del Consejo de Gobierno en las fichas presupuestarias y las modificaciones presupuestarias. Según recordó, Fernández en su declaración dijo que el sistema fue tratado en los ‘consejillos’ de viceconsejeros de la Junta y presididos por el entonces consejero de Presidencia Gaspar Zarrías, quien estaba “presente” cuando fue “tratado y objeto de debate”.
Además, el paso de IFA/IDEA de Empleo a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 2004 supone que “entraban en juego dos consejerías, no es sólo de Empleo”. A este respecto, aseguró que, desde un punto de vista policial, el reiterado incumplimiento de implementación de medidas por parte de IFA/IDEA “hubiese requerido de un informe de cumplimiento de la Intervención General”, pues, a su juicio, “hay menoscabo de fondos públicos” en el procedimiento de concesión de ayudas investigado.
La declaración de este agente, quien estuvo en el Grupo de Delitos Financieros de la UCO hasta 2013 y posteriormente pasó al Grupo de Delitos contra la Administración, abrió ayer lunes la sesión número 45 de la vista oral, que contó con la presencia en la sala de dos investigados, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, ex secretarios general técnico la Consejería de Empleo, siendo los primeros que acuden después de que al terminar la fase de declaración de los procesados el tribunal permitiera a éstos ausentarse.
Tras el análisis de ayudas individuales y de todo el procedimiento específico de concesión de ayudas, en base al convenio marco firmado el 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo e IFA por el que éste pagaba las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con el dinero allegado al instituto a través de las transferencias de financiación con cargo al programa ‘31L’, el agente aseguró que “se daban con una falta total de procedimiento desde el punto de vista administrativo en la gestión de las ayudas”.
