El Consejo de Estado entiende que el recurso del Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat tiene carácter “preventivo o hipotético” y que es este un tipo de recursos que el Tribunal Constitucional rechaza. “Entraría dentro de lo que el TC considera impugnaciones preventivas o hipotéticas, habida cuenta de que no cabe sostener, más allá de una mera presunción, que el candidato propuesto no vaya a hacer acto de presencia en la Cámara”.
Así se explicó el órgano consultivo en el informe que emitió a petición del Gobierno previo a la impugnación en el TC acordada ayer por el Consejo de Ministros. El Gobierno recurre la propuesta de Puigdemont como candidato firmada por el presidente del Parlament, Roger Torrent y una futura convocatoria del Pleno de investidura.
El Ejecutivo argumentó que es “un fraude ley” y contrario al orden constitucional proponer a una persona con una orden de busca y captura y que no podrá asistir a la investidura porque, si llega a España, será inmediatamente detenido por orden de la Audiencia Nacional.
Deber constitucional
En su informe, el órgano consultivo dice que el candidato tiene el deber constitucional de acudir en persona al debate de investidura; es más, su presencia “es un requisito de validez del acto de otorgamiento de la confianza parlamentaria”. El órgano consultivo señaló sin embargo que el Gobierno considera un “hecho cierto” que Puigdemont no se presentará al debate en el Parlament, cuando es un supuesto que no se ha producido, y subraya a continuación que las previsiones no siempre se cumplen: “El Consejo debe hacer notar la diferencia entre la verosimilitud de una previsión y la certeza de su realización”.
Añaden además los consejeros que se da también “por seguro” que el candidato será detenido y cuáles serán “las decisiones judiciales que puedan adoptarse en el futuro”.
Tras estas consideraciones, el Consejo de Estado cree que la impugnación del Gobierno se basa en una hipótesis y se remite a la jurisprudencia constitucional contra la llamada “impugnación preventiva o hipotética”, una vía que el TC ha rechazado en sucesivas sentencias.
El alto tribunal, se recuerda en el informe, dejó claro que “no caben pronunciamientos preventivos referidos a posibles y aún no producidas aplicaciones de los preceptos legales”; si se producen los hechos, se agrega, deberán ser “combatidos” jurídicamente.
