El pleno del Congreso convalidó ayer, sin cambios, el decreto ley aprobado por el Gobierno para blindar la limitación a las concesiones de autorizaciones a empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify, en relación con las del taxi, con el fin de garantizar que no exista más de una licencia de esas empresas por cada treinta del taxi.
El decreto ley fue respaldado por PP, PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Ciudadanos y Foro Asturias optaron por abstenerse, mientras que EH-Bildu votó en contra.
A continuación, el Congreso rechazó tramitar la norma como proyecto de ley, como pedían Unidos Podemos, Ciudadanos y los independentistas de ERC y PDeCAT, con lo que se ha cerrado la puerta a introducir modificaciones. Contra esta tramitación se pronunciaron PP, PSOE, PNV, UPN, Coalición Canaria y Foro Asturias.
La norma, en vigor desde que la aprobó el Consejo de Ministros, eleva a rango de ley la proporción de una VTC por cada treinta licencias de taxi que estableció Fomento en 2015.
Durante su defensa ante el Congreso, el ministro Íñigo de la Serna argumentó que el decreto ley permite “dotar de mayor seguridad jurídica” a esta proporción, y así “garantizar una convivencia ordenada y armónica” entre el taxi y las empresas VTC.
Amenazas al mercado
El ministro rechazó que las medidas adoptadas por el Gobierno —este decreto ley y la prohibición del traspaso de licencias VTC en los dos primeros años, así como una mayor exigencia de información— no son “parches”, incidiendo que este mismo decreto anticipa próximas medidas para avanzar “en ese proceso de mejora de competitividad”.
Así, recordó que promueve la convocatoria de la Conferencia Nacional de Transportes para que el Gobierno, en coordinación con comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones profesionales del sector, adopten medidas en este sentido.
Por otro lado, el ministro destacó la importancia de esta norma con el fin de homogeneizar las condiciones de servicio en todo el país, ante las iniciativas impulsadas por administraciones autonómicas y municipales con el fin de limitar la concesión de licencias.
“Sinceramente, creemos que no sólo entrañan una amenaza a la unidad del mercado, sino que pueden poner en cuestión la eficacia del título competencial que corresponde al Estado para regular las autorizaciones de VTC”, dijo.
El PSOE valoró positivamente la adopción de nuevas medidas, pero pidió al ministro que convoque dicha comisión “a partir de la próxima semana”, y trabajar ahí.
