El Gobierno considera que la “situación de conflicto” que se está generando entre el taxi y el sector de vehículos de alquiler con conductor (VTC), las empresas como Uber y Cabify, “amenaza con tener repercusiones sobre los propios usuarios de los servicios”.
Así lo indica el Ejecutivo en el Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros para blindar al taxi frente a los VTCs, en el que achaca el “conflicto” al “exponencial” crecimiento de estas últimas empresa y su impacto sobre el gremio de taxistas.
“El exponencial incremento del número de licencias de VTC comienza a afectar de manera inmediata y significativa a la otros modos de transporte, muy especialmente al taxi, un servicio de interés público fuertemente regulado”, indica el texto legal.
“Las consecuencias de este impacto no sólo están generando una situación de conflicto entre los dos sectores, sino que amenazan con tener repercusiones sobre los propios usuarios de los servicios”, añade el Real Decreto-Ley que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado.
A la espera del supremo
El Gobierno atribuye así a este “exponencial” aumento y sus referidas consecuencias el hecho de recurrir a un Real Decreto-Ley, reservado para supuestos de “extraordinaria y urgente necesidad”.
No obstante, la medida se aprueba en vísperas de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la limitación de una licencia de VTC frente a treinta del taxi que el Gobierno aprobó por Real Decreto en 2015 y ahora busca elevar a rango de ley.
El inminente fallo es consecuencia del recurso que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso entonces contra esta proporción al considerar que es una medida “injustificada”, contraria a la competencia y que afecta en gran medida a los usuarios.
De su lado, el Gobierno también indica en su Real Decreto Ley que el crecimiento de los VTC “no pudo ser inicialmente previsto por las Administraciones competentes”.
De esta forma se refiere a las alrededor del 10.000 licencias de este nuevo tipo de transporte que se calcula se autorizarán por vía judicial, fruto del vacío legal que el sector registró desde el pasado año 2013, cuando el anterior Gobierno del PP volvió a regularlo tras la liberalización aprobada en 2009 por el entonces Ejecutivo del PSOE, y el año 2015, cuando efectivamente se fijó el ratio de un vehículo con conductor por cada treinta taxis.
Por ello, en la actualidad, el número de licencias de VTC en el conjunto del país multiplican por más de tres al que debería tener en virtud de la proporción una a treinta. En concreto, y según datos de Fomento, existen 7.058 licencias de empresas como Uber frente a 64.217 del taxi.
