El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) ha confirmado el despido disciplinario de un operario de un matadero ubicado en la localidad de Riaza, en Segovia, por lo aturdir a los corderos antes de que fueran sacrificados, como es preceptivo según la normativa vigente.
En el fallo facilitado por el Alto Tribunal se desestima el recurso presentado contra el fallo del Juzgado de lo Social que decidió la procedencia del despido y se argumenta que en esa sentencia no se tuvo en cuenta el vídeo grabado con cámara oculta por una ONG animalista en el matadero en el que se denunciaba esa práctica.
El juzgado tuvo en cuenta a la hora de decidir sobre su despido el dictamen y el testifical de la veterinaria de la Junta de Castilla y León que en septiembre de 2018 constató que el operario no aturdía a los corderos antes de que fueran sangrados.
La pistola aturdidora va ligada a un contador de las descargas eléctricas que no pueden ser inferiores al número de animales sacrificados. Y en noviembre de ese mismo año se difundió el vídeo que realizó la ong Equalia, grabado con cámara oculta, y denunciando las condiciones de maltrato animal en esas instalaciones.
El Alto Tribunal, con sede en Burgos, ha incidido en que no se utilizó ese vídeo y que por lo tanto “no ha lugar a la nulidad de las actuaciones tal y como se pretende por el recurrente”.
Fue en el mes de noviembre del año pasado cuando la ONG Equalia difundió un vídeo en el que se evidenciaban las malas prácticas. En dicha grabación se ven imágenes que muestran las agresiones físicas e irregularidades en el aturdimiento a los animales, así como irregularidades en higiene y seguridad alimentaria.
A raíz de ello, la Administración regional abrió un expediente a la vez que indició que la empresa propietaria del matadero, grupo Amaro, dejaría de operar bajo la marca ‘Tierra de Sabor’, la marca de garantía creada por el Instituto Tecnológico de Castilla y León que permite identificar en el mercado los productos agroalimentarios de calidad diferenciada, con la finalidad de transmitir confianza al consumidor y apoyo a los pequeños y medianos productores locales. También la entonces consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta, Milagros Marcos, anunció que la empresa se enfrentaba a “una multa importante” que podría llegar hasta los 100.000 euros de sanción.
