La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la fianza de 18 millones de euros impuesta por el juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, como condición previa para levantar el embargo de sus cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y fondos de pensiones.
En un auto hecho público ayer la Audiencia asegura que existen “datos suficientes” de que Rato “hubiera podido incurrir” en la comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. El escrito refleja, además, que la Fiscalía no ve indicios para atribuir al exvicepresidente un tercer delito, de insolvencia punible, por lo que esa imputación es “desde este momento, descartable”.
Los magistrados del tribunal madrileño reconocen que el juez impuso a Rato “una serie de medidas muy restrictivas de sus derechos” pero considera que todas ellas son “limitaciones del orden civil” y respondían a la finalidad de garantizar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los delitos que se le atribuyen y preservar el patrimonio del exministro “para que estuviera disponible en todo momento”. El auto destaca, además, “la complejidad del asunto”, provocada por el entramado de sociedades mercantiles dirigidas y gestionadas directa o indirectamente por Rato, los ‘terceros’ que han podido intervenir. “La adopción de la caución es adecuada, razonable y ajustada a derecho”, agregan.
Los jueces del tribunal madrileño repasan las pruebas contra el exministro ‘popular’ contenidas en el informe de la Oficina Antifraude. En él se mencionaba el peligro de que Rato efectuara transmisiones de patrimonio para evitar responsabilidades pecuniarias mediante donaciones a su familia y ampliaciones de capital de una sociedad opaca. También, “riesgos asociados a estructuras societarias internacionales”.
