La marcha de dos arquitectos municipales en un plazo corto de tiempo, y sin previo aviso, a otras administraciones públicas, uno en abril y otro en agosto, obligó al gobierno municipal a mover ficha para intentar evitar la acumulación de proyectos urbanísticos sujetos a licencia de obra mayor. La concejala Clara Martín explica que ya en septiembre se convocó una proceso de selección, para una bolsa de empleo de arquitectos, con la finalidad de cubrir con interinos esas dos plazas. “No podíamos prever su marcha, lo comunicaron con el tiempo mínimo exigido por Ley y, por lo tanto, esas plazas no estaban en la Oferta Pública de Empleo”, afirma.
La prueba selectiva, a la que han concurrido 15 arquitectos, se realizó la semana pasada porque “hay que dejar un tiempo prudencial para que se preparen. No podemos convocar y examinar a la semana siguiente porque entonces no aprueba nadie, necesitamos garantías de que están preparados para cubrir esas necesidades”, añade.
Paralelamente, a lo largo de 2021 se convocaron plazas para técnicos de administración general y también un concurso de promoción interna para personal administrativo, que también afecta a Urbanismo, según indica la edil.
Para cubrir temporalmente esas dos plazas de arquitectos lo que se hizo fue recurrir al Ecyl (el servicio público de empleo de Castilla y León) para contrataciones “por acumulación de tarea”, un proceso de selección que tuvo que repetirse porque en la primera convocatoria de esta bolsa de trabajo los aspirantes no cumplían los requisitos.
Finalmente en octubre se incorporaron dos arquitectos jóvenes, sin experiencia en la administración pública, puntualiza Martín, y su contrato finaliza en marzo. “Tienen muchas ganas pero les falta rodaje, la tramitación de la concesión de una licencia requiere mucha destreza en el manejo de la normativa urbanística, que no es fácil, por lo que han solucionado consultas menores”, sostiene.
Martín indica que también “ha habido distintas bajas médicas y durante dos meses ha habido un único arquitecto informando licencias. Esa ha sido la capacidad de maniobra que hemos tenido”.
La concejala es consciente de la necesidad de agilizar el trabajo en lo relativo sobre todo a las licencias de obra mayor y es cuando entra en juego el Colegio de Arquitectos y la semana pasada se celebra una reunión, a petición de la directiva de este último, que abre posibilidades de solución, al menos un plan de choque para los próximos meses que todavía tiene que materializarse en medidas concretas.
La presidenta del Colegio, Susana Moreno, explica que el colectivo ha elaborado “propuestas en positivo porque ya no se trata de quejarse sino de aportar. Quejarse está bien, es cómodo, pero no resuelve. Clara Martín las ha aceptado, ha sido receptiva y ahora hay que ver cómo se materializa”.
Tras esa reunión, la edil socialista informa de que se trata de perfilar la fórmula concreta, un convenio, para que el Colegio haga informes urbanísticos de los proyectos presentados para licencia de obras, indicando que cumplen la normativa urbanística. “Eso ahorrará parte de la tramitación municipal pero la licencia en todo caso la concederá el Ayuntamiento”.
Eso no quita que Martín intente incorporar, a mayores, uno o dos arquitectos más a la sección de licencias, además de las vacantes que se cubrirán con interinos de la bolsa de empleo.
La colaboración con el Colegio de Arquitectos todavía está pendiente de muchos detalles, como el periodo de vigencia. Martín apunta que “un año, seis meses… La idea es reforzar al máximo para trabajar primero con las licencias que están ahora en tramitación, en torno a 90 proyectos”.
Moreno habla de que el Colegio se constituirá como oficina de apoyo. “Nos ha costado mucho tomar la decisión porque nos complica la gestión interna pero es una forma rápida de obtener logros”.
Añade que “podemos tener una gestión más flexible que la del Ayuntamiento en cuanto a la dotación de personal, de medios, etc. porque en una administración pública tienen que cumplir otros requisitos pero no queremos que nos cueste dinero tampoco. Hicimos nuestra propuesta y ahora el Ayuntamiento tiene que decidir qué tipo de encomienda, de encargo, nos hace y en base a la carga de trabajo podremos dimensionar el coste. Todo eso está por acordar”.
Señala, igualmente, que se tratará de un acuerdo temporal “para desatascar la situación actual” teniendo en cuenta, además, que llegan ayudas europeas a la rehabilitación, y eso supondrá un incremento de la solicitud de licencias, y también que con la entrada en vigor del Plan Especial de Áreas Históricas se han desbloqueado iniciativas de inversión en edificios protegidos. “Las ayudas europeas llegan en dos años y no podemos estar dos años esperando las licencias porque entonces no se justifica ninguna. La situación preocupa en el Ayuntamiento y a nosotros muchísimo”, insiste Moreno.
Por otro lado, para agilizar la tramitación de los proyectos, en la reunión se abordó la posibilidad de que una vez autorizado el proyecto básico, el Colegio de Arquitectos, además de visar el proyecto de ejecución, realice un informe certificando que o bien no ha sufrido cambios o si los ha habido se enumeren en el documento para que al técnico municipal le resulte más sencillo ir a esas correcciones y hacer las comprobaciones.
Para la presidenta del Colegio, se trata de medidas encaminadas a reducir burocracia y duplicidades. Reclama, ademas, “que se asigne de forma inmediata un técnico municipal cuando entra un proyecto al Ayuntamiento, para informarlo, lo que permitirá una relación más fluida a los arquitectos para resolver dudas, correcciones, etc.”.
“Ahora tenemos que cuadrarlo”, concluye Martín, que asegura que “estamos ya recabando datos y viendo casos similares de colaboración con colegios como en la Diputación de Ávila, porque me consta que problemas hay en otras administraciones y hay que recordar que durante ocho años no ha habido tasa de reposición por una Ley del PP”.

